La APM recuerda que sin huelga de hambre no se habría adoptado esta solución La UPF cree «necesario que se empiecen a respetar ya las resoluciones judiciales»
04 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.Las asociaciones de jueces y fiscales coinciden en que la concesión de la prisión atenuada al preso etarra Jose Ignacio de Juana Chaos es una medida plenamente legal, aunque discrepan en que sea la mejor solución de las posibles. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) reconoció que la decisión «tiene cabida en la ley, aunque no era la única alternativa, y es cuestionable y discutible». Según Antonio García, portavoz de esta asociación mayoritaria en la carrera judicial, De Juana es un penado que ha decidido, libre y conscientemente, iniciar una huelga de hambre, y «esa acción ha dado lugar a una excepcionalidad», porque «sin huelga de hambre no se hubiera adoptado esta solución». Antonio García señaló que no hay que ver sólo la legalidad en términos de justicia, sino que en este caso entran en juego otros criterios sociales, morales e incluso políticos que se deberían haber valorado. La APM cree que esto puede sentar un precedente peligroso porque, «si mañana este tipo de conductas se ponen de moda entre la población reclusa, se cuestionarían principios como la reinserción o la finalidad de la pena». El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, aseguró que «sólo hay que leer el auto para darse cuenta de que es una medida totalmente ajustada al ordenamiento jurídico», en la que «no hay arbitrariedad ni chantaje». En su opinión, la sentencia del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional incide en el principio de humanidad, lo cual resalta «la grandeza de nuestro Estado de derecho». Es esta una opinión compartida por Eduardo Esteban, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien ha señalado que «el Gobierno tiene la facultad, a través de la administración de vigilancia penitenciaria, de tomar la iniciativa que considere oportuna dentro de la legalidad, y eso es lo que ha hecho». Para Esteban, «es necesario que se empiecen a respetar ya las resoluciones judiciales». La UPF admite que el hecho de que el preso etarra salga de prisión puede causar un gran impacto social, pero recuerda que «no está cumpliendo una pena de asesinato y no se puede tratar a una persona que comete una amenaza como un asesino». El portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Panasco, indicó que el juez de vigilancia penitenciaria no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión ni otros aspectos del caso, sino que se ha limitado a «visionar la legalidad de esa medida gubernativa y ver si se ajusta a la situación penitenciaria de este recluso».