El ex asesor de Urbanismo asegura que no buscaba amenazar a nadie Su abogado explica que el acusado sigue tomando notas tras su traslado a la prisión de Albolote
17 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca aseguró ayer que plasmaba sus «vivencias» como «entretenimiento» en los cuadernos que le fueron intervenidos el pasado mes de octubre durante un registro en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga). Roca mantuvo durante su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga como imputado por un supuesto delito de amenazas que el contenido de los cuadernos no tenía «ninguna intención de amenazar a nadie», según explicó a los periodistas su abogado, José Aníbal Álvarez. En su declaración, que duró aproximadamente quince minutos, el presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en la operación Malaya señaló que los horarios anotados en los cuatro cuadernos intervenidos no eran de los funcionarios, porque «un preso no tiene conocimiento» de estos, sino que correspondían a los turnos de comedor, salida o recuento del interno, añadió el letrado. «Escribir no es punible» Los dibujos y escritos eran «su entretenimiento porque las horas son muy largas en prisión», insistió Álvarez, quien añadió que en el centro penitenciario de Albolote (Granada) sigue haciéndolos porque «escribir no está prohibido, y es algo que no es punible». El ex asesor de urbanismo se encuentra «bastante cansado» después de diez meses en prisión, según su abogado, quien se quejó de que otros imputados en el caso estén en libertad provisional cuando a Roca se le mantiene encarcelado. «No sabemos cuáles son las varas de medir que se están utilizando», indicó el letrado al referirse al riesgo de fuga que se alega contra Roca. Los próximos días 23, 24 y 25, el antiguo asesor de urbanismo deberá prestar declaración en los juzgados de Marbella para responder a varias diligencias en las que se ha desglosado la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. En ese documento se recogen los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.