La vicepresidenta dice que la norma es igual para todos, ya sea en las bodas o en el trabajo El Gobierno califica de «desafío al Parlamento» el decreto aprobado por la Comunidad
03 nov 2006 . Actualizado a las 06:00 h.?as reacciones del Gobierno central ante la aprobación por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre del decreto que regula la ley antitabaco estatal no se han hecho esperar. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer la obligación de la Comunidad de Madrid de respetar la ley del tabaco, aprobada en el Parlamento «para proteger a todos, a los fumadores y a los no fumadores». De la Vega anunció, en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, que Sanidad está estudiando las acciones legales que procedan en relación al decreto aprobado el jueves por el Gobierno madrileño, igual que recurrió ya los decretos de Valencia y Castilla y León. «En todas las partes, en las bodas, en el trabajo, en la calle, en cualquier sitio, se aplica la ley y por igual a todo el mundo. Es una ley que todos debemos respetar», insistió la vicepresidenta. Por su parte, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, se pronunció en idéntico sentido, añadiendo que la actuación del Gobierno que preside Esperanza Aguirre es un «desafío» al Parlamento, donde la ley del tabaco se aprobó «con un gran consenso». Para Salgado, los decretos que regulan la citada ley y que han sido aprobados por las Comunidades Autónomas del PP (Valencia, Castilla y León y La Rioja), flexibilizan la norma y por ese motivo el Gobierno los ha recurrido o, como en el caso de La Rioja, ha enviado un requerimiento previo. La titular de Sanidad considera, pese a todo, que el decreto madrileño es «la suma de todas las flexibilizaciones», algo especialmente grave si se tiene en cuenta que contaba con un dictamen del Consejo de Estado que ponía de manifiesto los incumplimientos. «Eso es ir contra la ley» Salgado también acusó al consejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela, de pretender enmascarar todo este asunto del decreto con el anuncio de que destinará 100.000 euros a la deshabituación de los fumadores, cuando desde el Ministerio se le han dado más de cinco millones de euros para políticas de prevención del tabaquismo. La pregunta de la ministra es en qué se ha gastado el resto, ya que el Consejo de Estado en su informe establecía claramente lo que es desarrollo de la ley estatal y lo que no lo es. El decreto madrileño es, según Salgado, «ir contra la ley, y Lamela, que es abogado del Estado, debería saberlo». La ministra también dijo que no le provoca «ninguna preocupación» el anuncio de Lamela de ir al Constitucional si el Gobierno recurre el decreto, algo que ya han anunciado, entendiendo que defienden un texto legal «más beneficioso para la salud de todos».