Como en la canción en la que el comandante Fidel interviene y cambia el curso de los acontecimientos, aquí llegó el juez Garzón y mandó parar. Paró la fiesta del ácido bórico que daba munición a un periódico y una emisora y, de paso, gloria parlamentaria a Eduardo Zaplana . Nótese que el mismísimo Ángel Acebes se ha ido deslizando discretamente fuera del primer plano de ese enfrentamiento político-mediático. Cautivos y desarmados de argumentos, los dos confidentes - Trashorras y Lavandera - sobre los que se había edificado los cimientos del edificio de la conspiración etarra-islamista-policial, los peritos judiciales del ácido bórico eran la base de la segunda fase de la ofensiva para mantener viva la historia. El titular de portada de El Mundo del 21 de septiembre escalaba el conflicto de la conspiración peligrosamente: «Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA». Pero con la decisión del juez Baltasar Garzón de imputar por falsificación a los peritos judiciales autores del «borrador del ácido bórico», el enfrentamiento vuelve a escalar otra cota. En la portada de ayer del mismo periódico, se hablaba de «Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos» y en el editorial se deslizaba el siguiente desafío: «Entre la prevaricación y la trampa política». Mal enemigo es el juez Baltasar Garzón, sobre todo cuando lleva razón, que suele ser a menudo. Lo sabe bien Felipe González y su entorno del Ministerio de Interior, a propósito de los GAL y los fondos reservados. Herido en su orgullo por la utilización política que hizo de él en la campaña del 93 -número dos por Madrid y bandera contra la corrupción- para después ser ninguneado por el ministro Belloch , el magistrado volvió a la judicatura y, con la sed de venganza derramándose sobre la sed de justicia, puso contra las cuerdas al desgastado equipo de González. José Barrionuevo , Rafael Vera y otros cargos de Interior pasaron por la cárcel. Permanecen aún en contacto los que no pudieron justificar asuntos económicos, que nunca fue el caso del ex ministro Barrionuevo. Luis Roldán pertenece a otra liga, la navarra, que terminó con el procesamiento del ex presidente de la Comunidad Gabriel Urralburu y su consejero Antonio Aragón . Estamos, por tanto, ante una historia muy fuerte jugada a tumba abierta, de la que difícilmente todo el mundo escapará de rositas. Parecía al principio sólo una partida entre periódicos de la derecha - El Mundo y Abc - por liderar quioscos y, complementariamente, entre la Cope y el resto de las emisoras de radio por ganar audiencia. Y sobre esa base, una refriega para ganar votos, entre PP y PSOE. Y, de paso, entre el activo Zaplana y el cauto Rajoy para ganar liderazgo dentro del PP. Pero si ya se sienta en la mesa el Ministerio del Interior, provocado con graves acusaciones, y, a los pocos días, un juez como Garzón, al que no han amilanado ni etarras, ni islamistas, ni narcotraficantes, cuesta creer que todo terminará en archivo de diligencias. Habrá que saber por qué los peritos judiciales falsificaron la fecha de su escrito y por qué maniobraron para que un simple borrador de trabajo pareciera un informe oficial. De hecho, parece que el propio Baltasar Garzón se sorprendió al detectar en el interrogatorio de la perito que existían esas irregularidades. Los tres técnicos entraron a la declaración casi para trámite y salieron como imputados. Medios policiales consultados creen que recuperaron el borrador de su trabajo del 11 de julio pasado y le pusieron fecha del 21 de marzo del 2005 para entregárselo al periódico citado. Garzón ha desmontado así la acusación de que el Interior falseó el documento para ocultar la participación del terrorismo etarra en la masacre del 11-M. Para el juez ya está claro lo que ha pasado. Ahora deberán declarar de nuevo ante él para saber por qué, o a cambio de qué, lo hicieron. Si el móvil abriera una pista económica -tal como en los confidentes parece confirmar el propio Trashorras al confesar a sus padres que él explica lo que sea por dinero-, resultaría estremecedor. Estremecedor para esta jugada de altos vuelos y sobre todo de altos riesgos y estremecedor también para un país que siempre disimula cuando se habla de corrupción, pero que la tiene bien enquistada. Y no sólo en el urbanismo municipal, donde rebosa. Marbella es sólo el principio de una catarata de purificaciones. Ha comenzado allí porque era un escándalo público. Esta semana un constructor explicaba a La Voz con toda naturalidad lo siguiente: «Intenté construir ochenta viviendas en un solar que me ofrecieron y en el Ayuntamiento, después de hablar con el arquitecto, vino a saludarme el tal Roca , al que no conocía. Me animó a que en vez de ochenta hiciera ciento veinte, o más, en el mismo solar y me dijo que eso era posible compensando el aumento de edificabilidad con un dinero. Lo provoqué preguntando si debía hacer un talón para la gerencia de Urbanismo y me dijo que mejor entregarlo en una bolsa, a él mismo. Me fui de allí para no volver». Preguntado el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves , sobre por qué no se había intervenido antes es rotundo: «No teníamos competencias y sólo nos quedaba el juez. Ahí están más de cuatrocientas denuncias nuestras contra actuaciones en Marbella durante el tiempo que necesitamos para cambiar una ley y poder intervenir». A ver cómo se arregla ahora.