La niña, de 5 años, sigue hospitalizada por la paliza que le dio el compañero de su madre La Audiencia acusa a la madre de «generar una situación de riesgo» para la menor
05 may 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, culpó ayer a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) de no ejercer su responsabilidad en la protección de los menores en el caso de Alba, la niña de 5 años que sigue hospitalizada a consecuencia de una paliza. En las conclusiones de la actuación de oficio que abrió el pasado 10 de marzo a raíz del caso de Alba, Ribó alerta de la descoordinación de las administraciones en la protección a los menores, pero responsabiliza especialmente al departamento de Bienestar y Familia puesto que fue el único que tuvo acceso a toda la información sobre los malos tratos que recibió la niña, cuyas primeras sospechas empezaron ya en el año 2004. Ribó considera que en el caso de Alba se ha vulnerado el derecho a la «protección efectiva» de un niño, no ha descartado presentar una querella por la desatención de que fue víctima la niña de Montcada i Reixac (Barcelona) porque ello entra en sus competencias, aunque a día de hoy no lo tiene previsto, y ha advertido de que cualquier autoridad podría hacerlo. En su informe, que el Síndic elaboró tras recibir información de la actuación de todas las administraciones implicadas en la protección de los menores, Rafael Ribó advierte de que desde hacía tiempo había «indicios clarísimos» del maltrato, que no fueron correctamente interpretados y observados por los servicios públicos. Para Ribó, en el caso de Alba la DGAIA «puede haber tendido más a evitar tutelas jurídicas que a favorecer la protección efectiva», por lo que considera que se han vulnerado los derechos de la menor. Entre otros indicios de descoordinación, el Síndic lamenta que el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Primaria (CDIAP) que trataba a Alba desde el año 2004 por sus dificultades madurativas no llegara a reunirse para tratar el tema con el Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) del Baix Llobregat, pese a que ambos servicios comparten el mismo edificio. «El sistema de relaciones ordinarias entre servicios sociales y EAIA (antes de la urgencia de diciembre y después) o bien no es el adecuado o no ha funcionado», mantiene el informe, que también advierte de que no hay coordinación entre los trabajadores sociales que actúan en los hospitales y la DGAIA. Por este motivo, el informe reclama al departamento de Bienestar y Familia que «de forma más decidida» asuma «el liderazgo» para coordinar las distintas administraciones y facilitar los recursos necesarios para proteger a los menores. Condena a la madre Por otro lado, la Audiencia de Barcelona considera que la madre de Alba «generó la situación de riesgo» para la pequeña al permitir que se quedara a solas con su compañero sentimental, pese a que sabía que la menor lloraba cuando estaba con él. En el auto en el que rechaza el recurso contra la orden de prisión de Ana María C.F., la sección 20 de la Audiencia de Barcelona argumenta que la madre de Alba, que está acusada de un delito de intento de asesinato, eludió su deber de proteger a su hija y creó presuntamente una «ocasión de riesgo» para la pequeña ahora hospitalizada.