Adopta la medida tras constatar las «gravísimas imputaciones» del juez de la operación Malaya El Ejecutivo crea 25 nuevas plazas de fiscales contra la corrupción urbanística
07 abr 2006 . Actualizado a las 07:00 h.CONSTRUYENDO FELICIDAD. Marbella ocupa un lugar destacado en la feria de la construcción que se celebra estos días en Madrid. La corporación municipal de Marbella dejó ayer de existir. El Consejo de Ministros, por primera vez en la historia de la democracia, disolvió un consistorio elegido en las urnas. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la decisión tras constatar las «gravísimas imputaciones judiciales» puestas al descubierto en la denominada operación Malaya. Hasta que no se nombre la comisión gestora, el municipio costasoleño seguirá en manos de los actuales responsables consistoriales, con el segundo teniente de alcalde, el ex futbolista Tomas Reñones -que ayer declaró en calidad de imputado en otro juicio-, como alcalde accidental. La corporación sólo se podrá ocupar de la gestión ordinaria, sin poder adoptar acuerdos que requieran una mayoría cualificada. Según De la Vega, el primer objetivo de la comisión gestora tiene que ser «devolverle la dignidad» al municipio y «ponerse al servicio exclusivo de los ciudadanos». La Diputación de Málaga, gobernada por el PSOE, será la encargada de nombrar a los miembros de la futura comisión que regirá los destinos de Marbella hasta las elecciones municipales de mayo del 2007. Los vocales de esa comisión sólo podrán ser personas empadronadas en el pueblo, con «suficiente arraigo» en el municipio y que no hayan sido concejales en el último mandato, tal y como establece una ley aprobada en 1982. El Ejecutivo espera poder pactar con el Partido Popular la composición esa institución, aunque el PP andaluz ya ha advertido que no participará en una comisión «sin garantías de neutralidad política». El Consejo de Ministros también dio luz verde a la creación de 25 nuevas plazas de fiscales especializados en combatir las tramas de corrupción, y los desmanes urbanísticos y contra el medio ambiente. Dos de los nuevos funcionarios irán destinados como apoyo del nuevo fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo, Antonio Vercher; 17, para los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas especializados en estos delitos, y seis más para actuar como delegados de la fiscalía anticorrupción.