La enmienda fue rechazada por ERC y por el PP, que exigió la supresión total del artículo López Garrido dice que el Consejo del Poder Judicial seguirá siendo el que nombre a los jueces
14 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Los magistrados, jueces y fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar el conocimiento «suficiente y adecuado» del catalán y el derecho propio, pero el Estatuto que ahora se debate en el Congreso no considerará su manejo un «requisito» indispensable para acceder al cargo. La Comisión Constitucional acordó ayer dejarlo como un mérito, que se valorará «específica y singularmente» en los concursos pertinentes. La ponencia, que trabajó a puerta cerrada sobre el texto hasta hace poco más de una semana, ya había introducido cambios para rebajar las pretensiones de las fuerzas políticas catalanas respecto a las condiciones exigibles para ejercer la judicatura. Sin embargo, el PSOE se dejó un fleco pendiente. El artículo 102, en el que se fijan esas condiciones, establecía que el conocimiento del catalán era un «requisito» para los magistrados «y el resto del personal de la Administración de Justicia en Cataluña». Ayer, los socialistas lograron el apoyo suficiente para modificarlo a través de una enmienda, que sólo fue rechazada por Esquerra Republicana y por el Partido Popular, que exigía la supresión de todo el título tercero del Estatut, dedicado a las competencias de la Generalitat sobre la administración de la Justicia y a la organización del poder judicial en Cataluña. Los populares sostienen que en catorce artículos se rompe la unidad de la Justicia, se sustituye el órgano de gobierno de los jueces, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un consejo autonómico, se suple la labor del Supremo con tribunales superiores y se exige el conocimiento del catalán. El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, recordó que el CGPJ conservará sus competencias básicas para nombrar jueces e inspeccionar juzgados; que el Supremo quedará para la unificación de doctrina, como propuso el PSOE en su programa electoral «avalado por los españoles», y que el reforzamiento de los tribunales superiores permitirá cumplir con las exigencias de las autoridades judiciales europeas.