Una concejala, su esposo, su asesor y tres empresarios, detenidos en Telde por cobrar comisiones La responsable de Obras fue denunciada por un constructor al que intentó extorsionar.
01 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, exigió explicaciones al presidente del PP, Mariano Rajoy, «por los casos de corrupción que están salpicando a su partido en Canarias». En su opinión, «es urgente que el presidente del PP asuma la gravedad de estos comportamientos, los censure públicamente y adopte las medidas disciplinarias que exigen hechos como este». Se refería a la detención, ayer en la isla de Gran Canaria de seis personas, entre ellas la concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde, la popular María Antonia Torres González, acusada de corrupción por exigir comisiones a empresarios locales a cambio de la adjudicación de obras y servicios. En la operación, denominada Faicán, también fueron detenidos el interventor municipal y esposo de la concejala, Enrique Orts; su asesor, Francisco Gordillo Suárez, y tres empresarios. El PP suspendió de cargo y de militancia a la concejala detenida nada más conocer la noticia. Según el portavoz socialista, el PP tiene la obligación de dar una respuesta clara a esta segunda detención, por parte de la policía de un alto cargo del PP en Canarias, «vinculado a un presunto caso de corrupción». Por ello, añadió Perales, «el PP debe pedir excusas y asumir su responsabilidad política». Los arrestos son fruto de una investigación que comenzó en julio del 2005 tras la denuncia de un empresario, que acusó a la concejala de exigirle el pago de una comisión del 20% del presupuesto de una obra por cuya ejecución competía en concurso público. Durante sus pesquisas, los expertos descubrieron otras irregularidades en la actuación de la concejala Torres González y de su equipo de confianza, que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafa. Los empresarios arrestados son Antonio Nadal Moreno, responsable en Gran Canaria de la empresa Cobra; Juan Francisco Gordillo Chamorro, empleado del anterior, y Felipe Ojeda Pérez, jefe de la compañía Felipe y Nicolás Ojeda Pérez. Sus empresas podrían haber sido favorecidas en la adjudicación de contratos millonarios de obras o para la compra de materiales por el consistorio de Telde, el segundo mayor de la isla, a cambio de un porcentaje de las ganancias. Policías llegados de Madrid Los acusados fueron detenidos a las siete y media de la mañana en sus domicilios por agentes de la policía de Gran Canaria, reforzados por inspectores trasladados desde Madrid para esta operación. Los agentes registraron durante la mañana y la tarde las viviendas y los despachos del Ayuntamiento a la busca de pruebas de las presuntas irregularidades, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 5. El alcalde de Telde, Jorge Valido, también del PP, decidió cesar a la concejala tras conocer la noticia, y asumió él mismo sus funciones. El presidente de los populares canarios, José Miguel Soria, afirmó estar «sorprendido» por las detenciones. Soria contactó después con el responsable del PP en la isla, Miguel Jorge Blanco, y le pidió «que actuara tal y como se ha hecho en otras ocasiones, de acuerdo a lo que el reglamento del partido predispone en estos casos». A su vez, Blanco llamó al responsable del Comité de Derechos y Garantías de su partido y lo instó a que suspendiese de militancia del PP de forma cautelar a la concejala.