El ministerio anunció que cada año efectuaría unos 2.000 controles de aeronaves, lo que obligaría a los 15 técnicos disponibles a chequear 38 aparatos por semana
16 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Las cuentas no cuadran. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció el 15 de septiembre del 2005 que Aviación Civil tenía programadas 8.059 inspecciones, a realizar a lo largo de la actual legislatura y de las que serían objeto 3.350 aviones de compañías extranjeras y 4.709 españoles. Es decir, que cada uno los tres funcionarios acreditados para ello, más los doce técnicos de la empresa semipública Senasa -a la que recurre la Administración para disponer de servicios mínimos- tendrán que realizar un chequeo cada 48 horas. «El cálculo que hace usted, aunque es aproximado -han precisado desde el sindicato de pilotos (Sepla)-, es correcto, y la proporción revela que el anuncio de la ministra de Fomento fue, cuando menos precipitado. Además, hay que tener en cuenta que hay bajas, permisos y otras incidencias que incrementan todavía más la carga teórica de trabajo por persona». Por si fuera poco, los inspectores no pueden operar solos, tanto por razones técnicas y operativas como de seguridad. La solución consiste en disponer de más medios y, como mínimo, triplicar el personal especializado. «Sin embargo -ha precisado el responsable de comunicación del Sepla, Luis Valverde-, el ministerio todavía no ha reforzado el servicio. A estas alturas, salvo que medie una inversión mayúscula y suponiendo que encuentren suficientes técnicos con formación y experiencia adecuadas, el plan de inspecciones anunciado para esta legislatura es imposible de ejecutar». Mientras tanto, ayer, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) emplazó a Aviación Civil para que analice y clarifique las irregularidades e incumplimientos de las medidas de seguridad denunciadas por varios pilotos y por el Sepla. El decano del colegio profesional, Carlos Alós Trepat, ya marcó en su día las distancias existentes entre la organización y el Gobierno, pues el Copac se opuso frontalmente al proyecto de ley de seguridad aérea del Ejecutivo. Los desencuentros fueron sonados y ya en la primavera del año pasado el colegio insistió en que «disponer de sólo de tres inspectores de Estado es injustificable». Nueve meses después, los inspectores siguen siendo tres. Iberia replica En la edición de ayer de La Voz se informaba de que el comandante Miguel Ángel Gordillo, que se negó a pilotar un Airbus A-320 con un detector de fuego inutilizado, había sido despedido por Iberia. Con relación a este suceso y en respuesta a una consulta de La Voz, la portavocía de la compañía aérea ha puntualizado que «la causa exacta del despido radica en que (Gordillo) dejó al pasaje en tierra sin motivo suficiente, pues la avería a la que aludió el piloto para negarse a despegar era de tipo c -lo que supondría que la nave podría volar con suficiente seguridad-, según las especificaciones técnicas del propio constructor del aparato y, además, se trataba de una avería diferida». En el argot de la compañía eso significa que el fallo del detector de fuego -los aviones portan varios dispositivos de ese tipo, tanto en los motores como en el resto de equipos- estaba localizado, analizado, controlado y pendiente de reparación en un plazo de diez días, período de tiempo este que es prorrogable, siempre según precisa la misma fuente.