Pide que se cambie la Ley de Extranjería para no tratarlos «como delincuentes» Un informe remitido al Congreso por Múgica revela numerosas irregularidades
12 nov 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El Defensor del Pueblo ha remitido al Congreso de los Diputados un vasto informe de 655 páginas en el que denuncia numerosas irregularidades en el sistema de asistencia jurídica a los inmigrantes. Entre las recomendaciones de Enrique Múgica figura la petición al Gobierno de que cambie cuanto antes la Ley de Extranjería para que sean los jueces de lo contencioso y no los de instrucción (penales) quienes decidan sobre la autorización de internamiento de los irregulares. De otro modo, «los extranjeros sometidos a procedimientos de extranjería son tratados como delincuentes», indica. En su informe, la oficina del Defensor, que hace 74 recomendaciones a dieciocho administraciones y organismos públicos diferentes, también aborda la escasa supervisión de la justicia en los procedimientos de expulsión o devolución de clandestinos. El departamento que dirige Múgica llega a la conclusión de que el control judicial de estas expulsiones es «puramente formal en la mayoría de los casos». El problema radica en que un mismo juez de instrucción es el que se encarga de decidir sobre la suerte de cientos de inmigrantes llegados a los centros de internamiento desde todos los rincones del país, sin que el magistrado tenga conocimiento exacto de las circunstancias en que cada inmigrante fue detenido. Además de reclamar al Consejo General del Poder Judicial que establezca jueces especialistas en aquellas ciudades donde hay centros de internamiento, el Defensor exige al Ejecutivo más reformas legislativas para aumentar las garantías de las personas que son expulsadas del país por la figura del rechazo en fronter a. Múgica cree necesario que un juez «supervise esta decisión antes de que el extranjero sea devuelto a su país». El informe es tajante: la figura de la devolución en frontera utilizada por el Gobierno durante las últimas semanas para deportar a los inmigrantes de Ceuta y Melilla «no permite un control judicial efectivo y ágil», pues a menudo la resolución del recurso contra la devolución tarda años. El Defensor pide a la Fiscalía General del Estado que dicte una instrucción urgente para que los fiscales «se impliquen en la tramitación de las solicitudes de internamiento». «Hasta ahora -denuncia el informe-, todo lo que se hace es que el juez ve al extranjero, pero la mayoría de las veces el abogado no puede dirigirse al juez y el fiscal no suele estar presente». Múgica mantiene que el internamiento debe acordarse en una vista oral, con participación del fiscal y del letrado y en la que «se puedan aportar pruebas y testimonios».