Ningún partido cree «seria» ni «viable» la propuesta aberzale para volver a las instituciones El delito por manifestación ilícita se castiga con multa y hasta tres años de prisión
19 ago 2005 . Actualizado a las 07:00 h.La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa presentó ayer una denuncia para que se investigue quiénes y en qué grado convocaron y participaron el pasado domingo en San Sebastián en la manifestación de la ilegalizada Batasuna que había sido prohibida por el Gobierno vasco. La demanda, que se presentó en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital donostiarra, busca abrir un procedimiento penal para averiguar la identidad de los convocantes para a continuación, según explicó el fiscal jefe, Jaime Goyena, «formular el escrito de acusación» y delimitar la responsabilidad penal de cada una de estas personas. El representantes del Ministerio Público adelantó el martes que el departamento vasco de Interior se puso en contacto con la Fiscalía para abordar «la estrategia a seguir» y «delimitar las personas contra las que se podría actuar». La Delegación del Gobierno en el País Vasco envió, a su vez, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un informe que solicitó a la Guardia Civil y policía nacional sobre los incidentes en San Sebastián. En caso de que el juzgado admitiese a trámite la denuncia e incoe un procedimiento penal contra los promotores de la marcha ilegal, la Fiscalía los acusaría del delito de «manifestación ilícita». Las penas que el Código Penal contempla para este delito son de multa y hasta tres años de prisión. No rotundo a Batasuna Los partidos vascos rechazaron ayer de forma unánime y frontal la última reclamación de Batasuna, que el jueves pidió a PNV, EA, Ezker Batua y Aralar que le permitan «recuperar» los 400 cargos en ayuntamientos y diputaciones que la formación radical considera que le corresponden tras las elecciones locales y forales celebradas en el 2003, en las que no pudo participar ni la coalición aberzale ni más de doscientas agrupaciones de electores que la Justicia expulsó del proceso por considerarlas herederas del grupo ilegalizado. Por carta, Batasuna propuso a esos partidos iniciar el próximo mes de septiembre los contactos necesarios para acordar fórmulas que permitan a la coalición ilegalizada recuperar los que consideran son cargos suyos en las instituciones vascas, 400 puestos en ayuntamientos y diputaciones del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Para el grupo aberzale, la solución a este problema depende de la «voluntad política» de los partidos implicados, y no es necesario esperar «una eventual derogación» de la Ley de Partidos por parte del Congreso de los Diputados. Por su parte, el portavoz del PNV, Íñigo Urkullu, mostró la disposición de su grupo a «analizar» esta propuesta, eso sí, en el marco de la mesa de partidos en la que trabaja el lendakari Juan José Ibarretxe. Sin embargo, denunció que «no es serio» que Batasuna traslade a los medios de comunicación una iniciativa en teoría formulada «privadamente» a través de una carta que el PNV no ha recibido todavía.