La Guardia Civil ha desmantelado un entramado empresarial dedicado a introducir en España vehículos de lujo procedentes de diversos países de la Unión europea sin pagar el IVA. En la operación, denominada San Diego, han sido detenidos once integrantes de la red e imputadas otras seis personas, como presuntos autores de delitos contra la Hacienda Pública. Según las investigaciones, está banda ha podido introducir en España entre 2002 y 2004 más de 3.500 vehículos, lo que supone un fraude por valor de unos 20 millones de euros. Los agentes han intervenido más de 50 vehículos, que se hallaban en poder de las 24 sociedades mercantiles investigadas. La operación, llevada a cabo en Madrid, Navarra, Zaragoza, Guipuzcoa, Barcelona, Guadalajara, Teruel y Asturias, se inició en el 2004, cuando la Guardia Civil detectó que una empresa adquiría numerosos vehículos de lujo importados de la UE. Ante la sospecha de que pudieran existir irregularidades en la adquisición de los vehículos, se averiguaron los trámites seguidos para su importación. Los coches, tras ser introducidos en España, eran matriculados a nombre de sociedades interpuestas, creadas únicamente para cometer estos fraudes. Al tramitar el impuesto de matriculación, declaraban un precio muy inferior al real. Realizado el trámite, el coche era vendido a las tiendas de compra-venta, a las que se le proporcionaba la factura. No obstante, el IVA correspondiente a esta operación no era ingresado ni en la Agencia Estatal Tributaria ni en la Hacienda Foral de Navarra, autonomía junto con la de Madrid en la que radicaban la mayoría de las empresas. Esta sociedades interpuestas carecen de instalaciones y empleados, y son constituidas con el capital mínimo exigido por la ley. Al frente de ellas, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, colocan a indigentes o a personas con identidad falsa, que carecen de conocimientos financieros. Cuando la Agencia Tributaria detecta el fraude e intenta localizar las sociedades creadas para este fin y las personas que representan, las compañías ya han dejado de operar y sus responsables han desaparecido. La Guardia Civil ha bloqueado 18 cuentas bancarias.