El magistrado Guillermo Ruíz Polanco tiene muchas posibilidades de ser suspendido cautelarmente de sus actuales funciones como titular del juzgado central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional. El pleno del Consejo General del Poder Judicial estudiará el lunes la propuesta formulada el pasado jueves por su Servicio de Inspección de incoar a Ruiz Polanco un nuevo expediente disciplinario como autor de dos faltas muy graves, una de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales y otra de retraso en la tramitación de procedimientos. La primera de ellas provocó la excarcelación del presunto etarra Ibai Ayensa, al no percatarse de que había superado el tiempo máximo de estancia en prisión preventiva -dos años- sin que él hubiese dictado la prórroga por tiempo equivalente que permite la ley. El juez, según los inspectores del Consejo, cometió un idéntico «error» ese mismo día con otros dos terroristas, aunque en este caso no salieron libres porque ya cumplían condena por otra causa: el asesinato del concejal Tomás Caballero. La investigación previa no ha tenido tiempo de incluir un cuarto error del Juzgado Central 1, el cometido con una presunta miembro del comando Urbasa, que también hubiese quedado libre si no llega a ser porque una prueba de última hora permitió dejarla presa a disposición de otro juzgado. La inspección cree que los fallos son «de tal magnitud» que hubiesen permitido la fuga de presuntos terroristas e, incluso, su reiteración delictiva y que las excusas del magistrado son «inadmisibles». La segunda falta que le achacan al polémico magistrado se deriva del «retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos» en que están inmersos los presuntos etarras.