Señalan en su informe que el alto tribunal legisló sobre una materia que le está vedada La guerra entre los tribunales continuará con la presentación de nuevos recursos
04 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El enfrentamiento público entre los más altos tribunales españoles, con mutuas acusaciones de negligencia y violación de competencias, no ha concluido. La crisis desatada por la condena dictada por el Tribunal Supremo contra once de los doce miembros del Constitucional, y avivada el lunes por una declaración de los magistrados condenados en la que acusan al Supremo de vulnerar la Carta Magna con su sentencia, continuará con la resistencia de los juristas a pagar voluntariamente la multa que se les impuso y con la posibilidad de que alguno de ellos recurra el fallo ante los tribunales. Los magistrados, que por acuerdo del pleno afirmaron que el Supremo se «extralimitó» con una sentencia que «invadió» sus competencias exclusivas al revisar su resolución y que puso «en grave peligro» la propia existencia del tribunal, no tienen la intención de abonar de forma voluntaria al abogado perjudicado la indemnización a que le obliga un fallo que creen «injusto», según fuentes cercanas al tribunal. Esta actitud podría echar aún más leña al fuego de lo que muchos consideran ya como la mayor crisis judicial desde la instauración de la democracia. La sentencia del Supremo, que es firme, permite que los once condenados, entre ellos el propio presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, paguen las indemnizaciones de forma voluntaria en un plazo de cortesía de 20 días hábiles desde la notificación, plazo que expira en este caso el 23 de febrero próximo. Si el plazo de cortesía no se utiliza para cumplir el fallo, la Sala de lo Civil del Supremo se verá en la obligación de ejecutar la sentencia y de reclamar a los condenados el pago de la indemnización por daños y perjuicios morales al letrado. Incluso deberá instar el embargo de sus bienes por valor suficiente para satisfacer la multa si desobedecen la primera notificación. El convencimiento de la injusticia cometida por Supremo, es la que hace que varios de los magistrados del Constitucional se planteen todavía la posibilidad de recurrir judicialmente la sentencia de la Sala de lo Civil. José Luis Mazón, el abogado murciano al que los once magistrados condenados del Constitucional tienen que indemnizar con 5.500 euros, anunció ayer que entregará este dinero a «un grave damnificado por otra resolución arbitraria en un recurso de amparo» rechazado por la corte constitucional. El letrado no quiso ser más explícito porque el beneficiario aún no lo sabe.