Diputados, alcaldes y concejales le acompañaron al juzgado El presidente de la Diputación de Castellón es investigado por cohecho y prevaricación
03 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), defendió ayer su actuación al frente de esa institución ante la juez de Instrucción número 1 de Nules, Isabel Belinchón, que le interrogó durante tres horas. El político, que no quiso hacer declaraciones ni antes ni después de su comparecencia, negó ante la magistrada haber cometido ninguno de los delitos contra la administración pública que se le imputan. La juez puso en marcha la investigación judicial en curso tras rechazar una querella presentada contra Fabra por el empresario Vicente Villar, que le acusó de haberle entregado fuertes sumas de dinero a cambio de que hiciese uso de sus influencias ante diversos organismos de la administración estatal, sin haber obtenido beneficios a cambio. La magistrada entiende que en los hechos relatados por el empresario hay indicios de delitos como prevaricación, cohecho, malversación o tráfico de influencias. Fabra, que es también presidente del PP en Castellón, no acudió solo al juzgado; lo hizo acompañado por los tres vicepresidentes de la diputación, por una veintena de alcaldes (los de Burriana y Peñíscola, entre otros), concejales y diputados de su partido. Tras su largo interrogatorio, Fabra dejó la sede judicial en compañía de su esposa, María Amparo Fernández, que también prestó declaración ante la juez por espacio de una hora. El abogado del presidente de la Diputación de Castellón, Wenley Palacios, declinó explicar el contenido de la declaración de su cliente, pero no ahoró descalificativos hacia su acusador, del que dijo que «es un psicópata que está tan mal como Joaquín Ferrándiz», famoso en Castellón por haber sido condenado a 60 años de cárcel por el asesinato de cinco mujeres. El abogado también acusó a Vilar de «fabricar» pruebas y señaló que tanto Fabra como su esposa han negado que recibieran dinero del empresario. Cajas de facturas La investigación de este supuesto caso de corrupción comenzó en realidad el lunes, cuando la juez Belinchón tomó declaración a Vicente Vilar, que reiteró sus acusaciones de haber pagado grandes sumas de dinero para mediar ante altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad para acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios de la firma del empresario y de otra sociedad que constituyeron las mujeres de ambos. Vilar entregó a la magistrado dos archivadores con documentación y facturas. Después prestó declaración su ex esposa, Montserrat Vives. La juez deberá decidir si continúa la investigación con vistas a ordenar la apertura de vista oral o archiva el caso. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, Javier Arias, presente en estas cuatro declaraciones, no ha decidido todavía qué postura adoptará.