El Tribunal reclama a la Fiscalía que actúe penalmente contra el presidente del Parlamento vasco Podría declarar la nulidad de las decisiones de la Cámara desde el 20 de mayo.
12 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal Supremo adoptará la semana próxima medidas concretas que impidan que Sozialista Abertzaleak (SA) funcione como grupo político en el Parlamento vasco, ante la negativa del legislativo autonómico a ejecutar la medida. La sala especial que ilegalizó a Batasuna intervendrá directamente en el funcionamiento de la Cámara vasca y sólo permitirá que los parlamentarios aberzales cuenten con las prerrogativas de los diputados del Grupo Mixto. Según fuentes del Supremo, los magistrados barajan distintas iniciativas, como declarar la nulidad de todas las decisiones tomadas desde el 20 de mayo por el Parlamento vasco en las que los aberzales hayan participado como grupo político, lo que además abre la puerta a la futura impugnación de todas las actuaciones de la Cámara en las que los diputados electos en las listas de Batasuna participen como grupo. Si el Supremo dicta estas órdenes, serían nulas a todos los efectos las decisiones tomadas la semana pasada por la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces, con las que se desechaba la posibilidad de disolver el grupo de SA. Otra medida pueden ser el embargo inmediato de la subvención que el colectivo heredero de Batasuna cobra de la institución para el funcionamiento del grupo. En manos de la Fiscalía El único acuerdo adoptado ayer por la sala especial fue la remisión al fiscal general de las actuaciones que describen el incumplimiento por el Parlamento vasco de la orden de disolver de inmediato SA. El Supremo le pide a la Fiscalía que analice si con este comportamiento se ha cometido algún delito. La providencia que el Supremo enviará hoy a la Fiscalía no cita posibles delitos ni posibles autores, aunque las personas puestas en el punto de mira son el presidente del Parlamento vasco, José María Atutxa, y los miembros de la Mesa de la Cámara, que son a los que la sala requirió con un ultimátum para que cumpliesen su orden. Lo que tendrá que decidir la Fiscalía es si los posibles delitos se extenderían también a los representantes de PNV, EA y SA en la Junta de Portavoces del Parlamento vasco, pues fueron quienes el viernes rechazaron con sus votos la disolución del grupo parlamentario proscrito.