Los afectados aseguran que la «indefensión» en la que se les mantiene es causa de nulidad El CGPJ pide un informe al Servicio de Inspección sobre la medida
23 dic 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La puesta en libertad de los acusados en el caso PSV será investigada por la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió ayer al Servicio de Inspección que elabore un informe sobre la actuación de la juez de Madrid Coro Monreal Huerta, que tomó esa decisión. La medida se adopta tras la queja recibida de los abogados de las acusaciones que manifiestan la «absoluta indefensión» en esta investigación. Durante todo el día de ayer, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces estudió el escrito enviado por seis letrados que representan a los perjudicados en este caso de presunta estafa en el que lamentan que «las actuaciones son prácticamente secretas para la acusación particular». Los abogados también aseguran que la juez les informa demasiado tarde de las decisionesque toma. El procedimiento establecido consiste ahora en que el Servicio de Inspección recabe toda la información sobre el caso. Tras estudiarla, remitirá una propuesta de apertura de diligencias contra la juez o de archivo si estima que no hay motivo de sanción disciplinaria, según fuentes del Consejo. En el escrito presentado, los abogados consideran que la «indefensión» en la que se encuentran sus clientes da lugar a la «nulidad de las actuaciones judiciales» y se quejan de que se les notifican «únicamente las decisiones del Juzgado mediante autos o providencias, pero sin que se nos dé traslado ni vista de los escritos presentados por la defensa». Explican también estos letrados que conocieron de forma oficiosa la petición de libertad de los acusados. A su juicio, el hecho de que exista una multiplicidad de afectados y varios abogados no puede «mermar ni un ápice nuestro derecho de defensa ni los derechos de nuestros patrocinados». Por último los abogados insisten en que que el trato que reciben es «despectivo y vejatorio» entre otras cosas porque «se impide que asistamos a las diligencias permitiéndose en algunas ocasiones las asistencia de uno solo de nosotros». Los cuatro detenidos por la presunta estafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) fueron puestos en libertad condicional sin fianza, el pasado viernes con la única obligación de presentarse periódicamente en el juzgado. Los cuatro máximos responsables de CPV ingresaron en la prisión de Soto del Real el pasado mes de noviembre, como presuntos autores de un delito de estafa a 1.200 familias, que habían dejado una señal de entre 21.000 y 33.000 euros para la compra de una vivienda en los nuevos barrios del norte de Madrid.