El PP recupera las tasas judiciales sin contar con la oposición

La Voz J. A. B. | MADRID

ESPAÑA

ALBERTO ESTÉVEZ

Los sectores profesionales afectados tampoco han sido consultados El PSOE denuncia un claro incumplimiento del Pacto de Estado

27 nov 2002 . Actualizado a las 06:00 h.

El Gobierno ha reintroducido las tasas judiciales en el mundo de la Justicia sin consultar antes ni a la oposición parlamentaria ni a los sectores profesionales afectados. Para el PSOE, el PP está «incumpliendo» el Pacto de Estado que suscribieron en mayo de 2000 para modernizar la Justicia, mientras que el Consejo General del Poder Judicial podría estudiar la cuestión en una reunión de su pleno el próximo miércoles. La forma en que se pretende aprobar (el próximo 13 de diciembre) la vuelta al sistema de cobro por litigar ha levantado ampollas. Una enmienda incluida por el grupo parlamentario Popular en el Senado al proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 2003 introduce una tasa estatal, que irá desde 90 a 600 euros junto a una cantidad variable que podría elevarse a otros 6.000 euros, para las empresas que lleven un pleito a los órdenes civil o contencioso administrativo. Aunque la imposición de este impuesto indirecto por acudir a la justicia ya fue planteada el pasado 16 de septiembre (durante el acto de apertura del curso judicial) por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, desde el Gobierno se apuntó entonces que cualquier reforma en este sentido sería estudiada «desde el diálogo» en el seno de la comisión de seguimiento del Pacto de Estado para la Justicia. Los hechos parecen evidenciar lo contrario, pues la aprobación de las tasas es inminente. Las críticas socialistas son compartidas desde otros partidos como IU, el PNV y los representantes del Grupo Mixto. En el plano judicial, la mayoría conservadora del CGPJ es favorable a la introducción de las tasas a las empresas para «racionalizar el servicio público», pero la minoría progresista entiende que puede ser un precedente peligroso. En lo que todos están de acuerdo es que las personas físicas deben quedar al margen de esos pagos.