A Los candidatos del PSOE al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, Trinidad Jiménez y Rafael Simancas, respectivamente, reciben hoy a representantes de los afectados por el caso CPV, la promotora que vendió los terrenos antes de edificar las viviendas por las que los compradores habían pagado una media de 18.000 euros por familia. El encuentro, que se celebrará en la sede de la FSM, tiene como objetivo dar cuenta a los afectados de las medidas que el PSOE piensa aplicar ante la trama que ha salpicado a 1.200 afectados. Desde que estalló el escándalo, la pasada semana, el PSOE se ha posicionado en defensa de los intereses de los damnificados, al tiempo que ha responsabilizado al Ayuntamiento y a la Comunidad de las irregularidades cometidas en los PAU (Planes de Actuación Urbanística). El Grupo Socialista ha pedido la comparecencia del Gobierno regional en la Asamblea para que dé explicaciones, según anunció el portavoz adjunto Jorge Gómez, el martes. Además de reunirse con los candidatos del PSOE, los afectados tienen previsto entrevistarse con representantes de otros partidos políticos, así como con el alcalde, Álvarez del Manzano, y el presidente autonómico, Alberto Ruiz Gallardón. «Nos entrevistaremos con quien haga falta», aseguró a este periódico uno de los afectados por la presunta estafa. Al margen de las acciones judiciales emprendidas, los damnificados están diseñando un calendario de movilizaciones para reivindicar sus intereses. Las concentraciones ante las oficinas de la promotora en la calle Orense se sucederán a diario, hasta que su máximo responsable explique por qué no ha construido las casas y dónde está el dinero que los afectados entregaron y que, dicen, no han recuperado. Hasta que llegue ese día, la asociación de afectados ha decidido asesorarse sobre las líneas a seguir en el proceso. Por este motivo se reunieron ayer con el equipo jurídico de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros). En el encuentro, celebrado en un hotel madrileño, los asesores jurídicos atendieron todas las dudas acerca del procedimiento judicial puesto en marcha ya por una treintena de familias, que en septiembre demandaron a la promotora.