Limita el uso de las lenguas autonómicas a sus respectivos territorios Nacionalistas e IU ven obsoleta la defensa del castellano como único idioma oficial
29 sep 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Las lenguas cooficiales de España permanecen desde la democracia circunscritas al ámbito autonómico. La diversidad lingüística no se ve representada en ninguna instancia más allá de las fronteras territoriales de cada comunidad, lo que en opinión de algunos parlamentos autonómicos contraría el espíritu de la propia Constitución, que exhorta a proteger «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas». Los símbolos que representan la identidad española, como las monedas -ahora también europeas-, los sellos y los documentos oficiales de la Administración vienen expresados únicamente en castellano. El catalán, el gallego o el euskera se reservan para los elementos propios de las administraciones autonómicas, pero los representantes de las comunidades bilingües exigen que se empleen también por la Administración central en reconocimiento de las diferentes culturas que conviven bajo la común denominación de España. La actitud de la mayoría parlamentaria de los populares es abiertamente contraria a la implantación de las lenguas minoritarias en los documentos de la Administración General del Estado y los símbolos nacionales. Así lo ha demostrado al rechazar las nueve proposiciones de ley que en este sentido se han presentado en el Congreso durante la actual legislatura. Uno para todos El diputado del PP Gabriel Cisneros desecha cualquier otra consideración: «Aquí sólo hay una lengua oficial, que es el castellano». La firme oposición del PP se relaja cuando el uso de las lenguas autonómicas se limita a las delegaciones de la Administración central en los territorios bilingües. El pasado martes -en el debate de una proposición no de ley presentada por los grupos parlamentarios Catalán, Vasco y Mixto en el Pleno del Congreso-, el grupo Popular aceptó instar al Gobierno a proseguir con «el impulso necesario» de las lenguas oficiales distintas del castellano y a informar al Congreso sobre el desarrollo de este proceso. Los nacionalistas catalanes precisaron que dichas acciones deberían desarrollarse antes de seis meses. Según el Real Decreto de septiembre de 1999 la Administración debería proporcionar a sus delegaciones en las comunidades bilingües documentos como los impresos de declaración trimestral de del IVA o el impuesto sobre la renta redactados en castellano y en la lengua autonómica correspondiente. Una orden que aún no se cumple aunque su fecha límite de aplicación era el pasado 1 de mayo. El Parlamento ha aprobado en esta legislatura otras dos proposiciones no de ley y una enmienda transaccional por las que el DNI, el permiso de conducción y otras licencias figuren a la vez en castellano y en la lengua de la comunidad. La impresión general de los grupos nacionalistas es que el PP está muy aislado en una concepción uniforme y poco real de España. Una actitud que el BNG describe como abiertamente contraria al uso administrativo de los idiomas cooficiales incluso en los territorios bilingües, como ocurre con las placas de las poblaciones en la carretera en Galicia.