La oposición, los usuarios y las gasolineras consideran injusta la subida de los carburantes en Madrid La aplicación del «céntimo sanitario» por el que, desde ayer, el precio de la gasolina en Madrid se incrementa en un céntimo de euro para financiar la sanidad, ha levantado protestas en la oposición y en las diferentes agrupaciones de los sectores más afectados.
01 ago 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, calificó esta medida de «descabellada e injusta», ya que los ciudadanos con rentas diferentes «pagarán por igual» este nuevo impuesto que, según Caldera, incrementa el precio del carburante de forma «notable y no baladí». El portavoz del PSOE recordó que los carburantes subirán «tres céntimos en tres años, es decir, cinco pesetas en tres años» y criticó la postura del Gobierno del PP que «dice continuamente que han bajado los impuestos, cosa que no es cierta». Según dijo, la nueva subida en los carburantes supondrá «unas 20.000 pesetas al año» en relación a la media de litros que puede consumir un conductor al año. Por ello afirmó que, en especial los transportistas y conductores profesionales, «se irán a repostar fuera de Madrid». Por su parte, el presidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, en respuesta a las críticas del portavoz socialista señaló que «quizás Jesús Caldera ha tenido una falta de información sobre lo que votaron sus propios consejeros sobre esta ley» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en referencia a que las comunidades donde gobierna el PSOE votaron a favor de que las autonomías pudiesen establecer un impuesto sobre los hidrocarburos para financiar la sanidad pública. Sectores más afectados El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras de Madrid, Alejandro Moratilla, afirmó que el nuevo impuesto es «discriminatorio» respecto al resto de las comunidades autónomas. Además, aseguró que con esta tasa sólo se conseguirá que los profesionales del transporte opten por respostar en otras comunidades colindantes ya que «haciéndolo podrían ahorrarse hasta 120.000 euros al año». Postura que comparte la Federación de Organizaciones de Transportistas de la Región de Madrid (Fenadismer) que presentó ayer una solicitud ante la Oficina del Defensor del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad puesto que la subida en 2,4 céntimos hasta 2004 que conlleva el nuevo tributo es «muy perjudicial y discriminatorio» para el sector y «afectará negativamente a la competitividad de los transportistas madrileños frente a los de otras regiones», por lo que se vulneran los artículos 14 y 31 de la Constitución.