Los populares pretenden que la coalición aberzale esté «fuera de combate» antes de las elecciones municipales del 2003 Tras el intento de asesinato de Eduardo Madina, el Gobierno y el PSOE sentaron las bases de un nuevo marco jurídico que permita la ilegalización de Batasuna antes de las elecciones municipales de junio del 2003. Además, los firmantes del Pacto Antiterrorista aseguraron haber alcanzado un amplio acuerdo sobre las medidas para garantizar la seguridad de los concejales en el País Vasco.
20 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Los firmantes del Pacto Antiterrorista trataron de rehacer la imagen de unidad en la reunión de la comisión de seguimiento y ambas partes aceptaron todas las propuestas que se pusieron sobre la mesa. La reforma de la ley de partidos de 1978 se convirtió en el meollo de la reunión, un encuentro que, según el socialista Jesús Caldera, se saldó con «amplísimo acuerdo», y que sirvió, en palabras del popular Javier Arenas, para «fortalecer e impulsar» el compromiso adquirido por ambas formaciones el 12 de diciembre de 2000. El Gobierno trató de arrancar un compromiso explícito del PSOE para trabajar juntos en la ilegalización de Batasuna, reforma legal mediante, y consiguió un acuerdo sobre «los principios» que deben guiar la modificación legal. El ministro de Justicia explicó los criterios para la reforma de la ley de partidos a fin de facilitar que un juez ordene la ilegalización de Batasuna. Ángel Acebes señaló que una formación que no respeta los principios constitucionales, trabaja para subvertir el sistema democrático, legitima la violencia para conseguir fines políticos, y que algunos de sus miembros están involucrados en atentados terroristas no puede estar amparada por el Estado de Derecho. Este enunciado se trasladará a un proyecto de ley del Ejecutivo que someterá a la consulta previa del PSOE. Caldera, en ausencia del secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, quien viajó a Bilbao para interesarse por Eduardo Madina, mostró su conformidad con el planteamiento general, porque un sistema democrático «no puede proteger a fuerzas políticas que justifiquen la violencia». Fuentes socialistas, no obstante, recomendaron no crear expectativas sobre una próxima ilegalización de Batasuna, porque el proceso jurídico será muy complejo, existen precedentes de pronunciamientos en contra del Tribunal Supremo, como el de 1986, además de las dudas sobre la oportunidad política de una medida de ese tipo. Seguridad de los ediles Las partes acordaron también, a iniciativa del PSOE, crear una comisión técnica para estudiar las medidas de seguridad para los concejales caso a caso, analizar la reforma del artículo 504 del Código Penal para castigar con penas de cárcel a quienes amenacen y coaccionen a los ediles, impulsar la reforma de la Ley electoral para reemplazar a los ediles que dimitan con personas ajenas a las listas y crear plataformas cívicas y mesas de partidos con la consejería vasca de Interior.