TOMÁS GARCÍA ANÁLISIS Causas y consecuencias del conflicto abierto por el concierto económico
03 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.L vacío legal surgido tras la prórroga del concierto deja abierta la posibilidad de que los ciudadanos vascos planteen recursos contra la obligación de pagar impuestos en su territorio. Esta afirmación es prácticamente lo único en lo que se han puesto de acuerdo Madrid y Vitoria a lo largo de un conflicto que dura dos meses: ¿En qué consiste el concierto vasco? Se trata de la ley que regula las relaciones tributarias entre las administraciones central y vasca. Su existencia permite al Ejecutivo de Vitoria recaudar los impuestos y disponer de un sistema público propio. ¿Qué es el cupo? De lo recaudado, la Administración vasca debe pagar unas cantidades por aquellos servicios para los que no tiene competencias. Fundamentalmente son dos: Política Exterior y Defensa. También se incluye la parte que deben aportar los vascos al gasto anual de la Casa Real. ¿Cuál es el conflicto? Madrid y Vitoria rompieron el último día del 2001 las negociaciones para renovar el concierto. El Gobierno de Aznar echó mano entonces de una Ley de Prórroga por un año que había sido aprobada por el Parlamento de forma paralela a las conversaciones entre Zenarruzabeitia y Montoro. La reacción de Ibarretxe fue romper la baraja y anunciar que pagará el cupo en base a una cantidad de 1997 actualizada al 2002. La diferencia entre esta cifra y lo recogido por Madrid en los Presupuestos Generales del Estado es de 240 millones de euros. ¿Qué hay de fondo? Euskadi pretendía vincular la firma del acuerdo a la presencia de representantes propios en los consejos europeos. Estados como Alemania, Austria o el Reino Unido ya contemplan esa posibilidad. Ocurre que las competencias con que cuenta el País Vasco son muy superiores a las que, por ejemplo, tiene cualquier lander alemán, por lo que Madrid rechazó en todo momento hablar de tal posibilidad, basándose en que la Constitución española confiere al Gobierno central la representatividad en el exterior. ¿Y ahora, qué? Si Ibarretxe cumple lo dicho y no paga, incurriría en una ilegalidad. El Gobierno ya ha anunciado que estudiará todos los argumentos a su favor que permita la Ley. Además, para recuperar la cantidad de la discordia Madrid podría recurrir a otros ajustes financieros que mantiene con Vitoria, como la liquidación del IVA, los impuestos especiales o la tesorería de la Seguridad Social. Con un año de prórroga por delante, el Gobierno central asegura que dedicará el 2002 a intentar alcanzar un acuerdo para el futuro. De no ser así, el ministro Montoro ya ha amenazado con la posibilidad de iniciar negociaciones individuales con las tres diputaciones provinciales vascas. En Guipúzcoa y Vizcaya no cambiaría nada, pues gobierna el PNV. No así en Álava, donde el poder está en manos del PP.