Los tribunales son la institución peor valorada por los españoles, sólo superada en rechazo por los partidos políticos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está decidido a lavar su cara en el 2002.
01 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Para ello estudia encargar una campaña institucional similar a la que utilizó el Ministerio de Defensa para fomentar el Ejército profesional. El pasado 20 de diciembre, el Consejo acordó crear una comisión de Comunicación Social -algo totalmente novedoso en los veintiún años de historia de esta institución-, integrada por tres vocales del bloque conservador, pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura, y otros dos del progresista, miembros de Jueces para la Democracia. Los vocales del CGPJ reconocen el efecto pernicioso que han tenido casos como los de los ex-jueces Javier Gómez de Liaño y Pilar Ramírez, algunas sentencias sorprendentes sobre la violencia doméstica y agresiones sexuales, o las recientes resoluciones de la Audiencia Nacional sobre el entorno de ETA o el narcotráfico. Por este motivo, el primer paso será potenciar la «apariencia exterior» del propio Poder Judicial mediante anuncios -en prensa, radio, televisión o mobiliario urbano- como los que sirvió a Defensa para que la gente dejara de ver el Ejército como una institución oscura y cerrada. Cada campaña anual tuvo un coste medio de 2.100 millones de pesetas (12.621.254,19 euros). En esta ocasión no se trata de lograr más aspirantes a jueces y magistrados, sino de cambiar las impresiones que han llevado a España al cuarto lugar por la cola en la evaluación del funcionamiento de la Justicia en la UE, sólo superada por Italia, Francia y Bélgica. Corporativismo Uno de los problemas a solventar es la acusación de corporativismo en la carrera judicial. El 59 por ciento de los españoles cree que cuando un juez comete un delito es tratado de manera más benévola. Desde el Parlamento se ha pedido ya mayor rigor disciplinario al CGPJ, tras mostrar su «preocupación» por el archivo de la mayoría de expedientes abiertos en este órgano por posibles irregularidades. La campaña prevé encuentros periódicos con asociaciones de consumidores, sindicatos y otros colectivos. El servicio de reclamaciones del Consejo extenderá su alcance a todas las autonomías a través de los Tribunales Superiores de Justicia.