El Consejo de Ministros acordó ayer presentar un conflicto de jurisdicción por el indulto a Gómez de Liaño El Gobierno acordó ayer presentar un conflicto de jurisdicción contra el Tribunal Supremo por su decisión de no ejecutar el indulto a Javier Gómez de Liaño, tal y como aprobó el Ejecutivo. El ministro Portavoz, Pío Cabanillas, subrayó que el Consejo de Ministros tomó esta decisión para defender su competencia en el ejercicio del derecho de gracia y evitar la interferencia entre los distintos poderes del Estado. Además, en los próximos días se recurrirá la sentencia que anula la congelación salarial de los funcionarios.
26 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.«El derecho de gracia es una prerrogativa incuestionable de éste y de cualquier Gobierno y la decisión que tomó el Tribunal Supremo va en contra de esa prerrogativa», explicó Pío Cabanillas. Además, informó de que el Gobierno había encargado al ministro de Justicia, Angel Acebes, comenzar el procedimiento para plantear formalmente el conflicto de jurisdicción. El conflicto de jurisdicción anunciado por el Gobierno deberá ser resuelto por un tribunal especial encargado de dirimir estos contenciosos, que estará formado por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, que tendrá voto de calidad en caso de empate entre sus miembros; los magistrados de lo Contencioso del Supremo Pedro Antonio Mateos y Rodolfo Soto, y los consejeros de estado José Luis Manzanares, Miguel Vizcaíno y Antonio Pérez Tenessa. Audiencia Nacional Respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional mediante la cual se anula la congelación salarial que afecta a los funcionarios desde 1997, Cabanillas afirmó que «niega la capacidad normativa del Parlamento y el carácter vinculante de la Ley General Presupuestaria». Según el ministro portavoz, «esta decisión le dice a las Cortes: ustedes no tienen la capacidad normativa decisoria en materia de presupuestos, y al Gobierno le está diciendo que incumpla la Ley de Presupuestos». El portavoz del Gobierno arremetió contra la oposición, cuya actitud tachó de «demagógica, oportunista y sorprendente». Así, recordó la «práctica quiebra» de la Seguridad Social que había en 1997, el déficit público, los niveles de paro y la voluntad de España de entrar en la Europa del euro, a la vez que resaltó que el propio PSOE ya había realizado una congelación salarial a los funcionarios anteriormente. En la misma línea, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró que el recurso provocará que la sentencia no tenga consecuencias inmediatas en el plano económico y aseguró que probablemente el proceso acabará en el Tribunal Supremo.