El ministro espera que la nueva ley esté aprobada a principios de 2001 El «plan de choque» del ministro de Justicia Ángel Acebes para acabar con las vacantes en casi 500 juzgados y tribunales españoles ya está en marcha. El Gobierno aprobó ayer remitirlo al Congreso, en forma de proyecto de ley orgánica de medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia. Acebes ha negociado, perfilado y rematado el texto en apenas un mes porque, según sus palabras, «ha llegado la hora, en la justicia, de tomar decisiones». De su ímpetu da prueba el hecho de que quiere ver aprobada la ley en enero de 2001.
16 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El proyecto trata de poner fin al más acuciante problema de la Justicia: de las 3.917 plazas de jueces y magistrados actuales, casi el 13% están cubiertas por suplentes temporales ajenos a la carrera judicial. Para ello, articula varias medidas transitorias. El texto «es la antesala de las reformas estructurales» en Justicia, matizó el ministro. El paquete de medidas, ya conocido, eleva la jubilación a los 72 años hasta el 2003. Un año después, el límite será rebajado a 71 años. Hasta entonces, los magistrados podrán seguir trabajando, como suplentes, hasta los 75 años. La medida, según el ministerio, evitará despoblar el Supremo y los tribunales superiores y sorteará la catarata de vacantes que provocará. La segunda gran medida es unificar las oposiciones para jueces o fiscales y, sobre todo, reducir el curso teórico-práctico de capacitación para que los alumnos empiecen antes a ejercer. Por último, el texto legal prevé una nueva «reorganización» en los tribunales superiores para que los que tienen menos trabajo _civiles y penales_ puedan colaborar con los que tienen más: contencioso y de lo social. El proyecto mantiene la creación de salas especiales en los tribunales superiores para los procesos que se pongan en marcha cuando entre en vigor la ley del menor, en enero de 2001, idea que desaprobó el Consejo General del Poder Judicial que las ve innecesarias. Por último, y en real decreto aparte, el Gobierno aprobó la creación de 36 plazas de fiscales.