Pide retrasar los cambios hasta el 2001 para comprobar los efectos de la ley actual El PSOE está dispuesto a pactar con el Gobierno la reforma de la Ley de Extranjería, pero con un ritmo más pausado y numerosas condiciones previas. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, presentó ayer una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a que, como paso previo al diálogo, ponga en marcha un paquete de siete medidas para la integración y retrasar hasta el 2001 las discusiones sobre los cambios de la ley para comprobar los efectos de la regularización.
01 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El PSOE exigió ayer al Ejecutivo el retraso de cualquier modificación de la Ley 4/2.000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros como condición sine qua non para consensuar las líneas maestras de esta reforma. Jáuregui, que aseguró que el PSOE no rechazará hablar de un «pacto de Estado» sobre extranjería, matizó que su grupo sólo discutirá después de que a fin de año el Ejecutivo elabore un informe en el que se evalúen las consecuencias de la aplicación durante un año de la ley actual y después de que se analicen los efectos de la regularización extraordinaria que terminará en julio. Según las estimaciones del PSOE, las solicitudes de inmigrantes para legalizar su situación en España superarán en un 150% las de las previsiones de la Administración y podrían llegar a 250.000 expedientes. La pretensión de los socialistas de posponer más de seis meses el debate sobre las modificaciones choca de plano con el deseo del Ejecutivo, que espera consensuar un nuevo texto antes, incluso, de las vacacizones de verano. Pese a la voluntad de diálogo, el Grupo Socialista dejó claras sus diferencias en materia de extranjería con el Gobierno, al que acusó de «confundir inmigración con la delincuencia» y «estar obsesionado» con cambiar el texto aprobado en diciembre. «La política de inmigración no puede ser decir una y otra vez que hay que cambiar la ley», reprochó Jáuregui. El portavoz socialista acusó, incluso, al Gobierno de «manipular las cifras de las pateras», en particular la de Canarias, para demostrar la necesidad de modificar la normativa. El PSOE entregó por escrito, ante la Mesa del Congreso, sus condiciones en una proposición de ley que denominó «posicionamiento político» del PSOE sobre la reforma, en el que expone los principales puntos de su negociación.