Todos claman por un pacto, pero nadie quiere ceder

Los grandes partidos coinciden en proponer más inversión pública y gratuidad desde los cero años

Gasto en educación Gasto en educación

redacción / la voz

La necesidad de un pacto educativo está en boca de los partidos, pero a la vez parece imposible de conseguir. El pedagogo José Antonio Marina -autor del Libro blanco de la profesión docente, auspiciado por el actual ministerio- presentó una hoja de ruta para llegar a ese acuerdo, que solo Ciudadanos parece aceptar. ¿Por qué? ¿Qué diferencias plantean unos y otros que hacen imposible un pacto? ¿Qué proponen para la educación que resulta tan diferente?

La iniciativa de Marina habla de mantener la Lomce de forma transitoria (paralizando medidas «especialmente controvertidas», en referencia a las reválidas de secundaria y bachillerato, todavía por aplicar) y darse un plazo de seis meses para un pacto de Estado, para después redactar una ley de consenso. El secretario de Educación del PSOE, José Miguel Pérez, la considera «una aportación más», pero «poco representativa de la mayoría social»; Sandra Mínguez, responsable de Educación de Podemos, entiende que «no es la forma» de llegar a un consenso y habla de que cualquier ley ha de contar con la participación del sector; y la secretaria sectorial del PP, Sandra Moneo, califica de muy interesante la propuesta y niega querer «blindar la Lomce», pero considera que «sus efectos todavía no se conocen», y por tanto espera que primero «se certifique lo que no funciona» en la ley.

Aclaradas las posiciones sobre el pacto educativo, hay que analizar las propuestas. ¿Ampliar la educación obligatoria? ¿Cambiar el sistema de becas? ¿Objetivos para el 2020?

El PP está a favor de la enseñanza gratuita de los 0 a 3 años, aunque no tiene claro si se trataría de una función asistencial o educativa: «A un bebé de un mes -dice Sandra Moneo- se le asiste; al niño de un año se le educa». En cualquier caso, recuerda que España tiene un índice superior al 99 % en escolarización a los 3 años. También está a favor de potenciar la enseñanza secundaria superior (FP y bachillerato) haciéndola gratuita, aunque no cree que deba ser obligatoria. En cuanto a qué indicadores educativos puede ofrecer el PP de cara a una legislatura de 4 años, Moneo es prudente: «Un 5 % del PIB de inversión pública estaría bien, porque a partir de cierto porcentaje está demostrado que no importa tanto qué se invierte sino cómo». Y recuerda que «si se mira el gasto por alumno, en España estamos en la media europea». También ofrece una cifra para el otro tema preocupante, el abandono temprano (alumnos que dejan de estudiar a los 16 años o no completan más etapa que la obligatoria). El objetivo del PP es llegar al 15 %, ya que ahora roza el 20 % pero llegó a superar el 30 %.

El PSOE es el que se extiende más en propuestas concretas. José Miguel Pérez apuesta por la escolarización gratuita y masiva de 0 a 3 años, y en vez de hacer obligatorio el tramo final de secundaria (de 16 a 18 años), propone convertirlo en algo más atractivo con 200.000 plazas nuevas de FP de grado medio. Estos estudios son claves, en opinión del PSOE, y por eso quiere prestigiarlos, fomentar los certificados de profesionalidad, potenciar los centros integrados (todas las modalidades de FP) e incorporarles incubadoras de empresas. El MIR de profesores, la recuperación de alumnos que dejaron la universidad por no poder pagar las tasas, becas para que graduados en paro puedan hacer un máster, establecer un porcentaje del PIB como mínimo para educación (del 5 % con el objetivo del llegar al 7 %), eliminar Religión del currículo poniendo una asignatura sobre el hecho religioso, y limitar los deberes son las otras propuestas socialistas. 

Lo público, primero

Podemos no cree en la educación obligatoria hasta los 18 años, según Sandra Mínguez, ya que apuestan «por una educación a lo largo de toda la vida». Tiene claro que la escolarización gratuita y universal (aunque voluntaria) de 0 a 3 años es ineludible, y centra todos sus esfuerzos en la educación pública. Mínguez no aclara qué umbral de renta permitiría, si gobiernan, obtener beca universitaria, y apuesta por la generalización: «Ninguna persona puede quedarse fuera del sistema de educación en nuestro país por no tener recursos económicos»; para ello promulgarían una ley de sistema de becas. Sandra Mínguez cree que al final de la próxima legislatura se podría alcanzar el 5,6 % del PIB, con la vista puesta en un logro a largo plazo: el 7 %.

Ciudadanos, por su parte, también apoya la educación infantil de 0 a 3 años («dotaremos de los recursos necesarios para contribuir a la creación de 70.000 plazas», sin especificar si públicas o concertadas), así como la gratuidad de los libros,el inglés como lengua vehicular, la garantía de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, y un plan de choque para los colegios más desfavorecidos (un plus de 1.000 euros por alumnos).

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