El derecho al voto es fundamental, constitutivo de la democracia. Y es deber primordial de la Administración garantizar que todo aquel ciudadano que quiera votar pueda hacerlo. Cualquier dejación en este sentido es tanto como socavar los principios de la democracia. En España, nadie, salvo quien quiere votar por correo, debe hacer más esfuerzo para ejercer su derecho que desplazarse el día de la votación a la mesa electoral correspondiente. No hay razón para que haya ciudadanos que tengan que superar obstáculos adicionales, disuasorios incluso, para ejercer un derecho fundamental en función de su lugar de residencia. Es injusto y un castigo añadido al de tener que emigrar. Además de burros, apaleados, que diría el castizo. No es de recibo argumentar que en el sistema anterior había un elevado fraude electoral. Si así fuera, que seguro que lo era, quien lo cometía no era el ciudadano, sino los partidos que intentaban adulterar las elecciones en beneficio propio. Intentar culpar ahora a los votantes es un ejemplo más del cinismo y la hipocresía que ha dominado la vida política española desde hace tiempo. No se puede intentar la limpieza electoral recortando los derechos políticos. Tiempo y propuestas ha habido para encontrar una solución. Pero el Gobierno, tan diligente en otros terrenos, no ha movido un dedo en toda la legislatura para resolver un problema evidente desde hace años.
la campaña del 20D