El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, empujado por Podemos, congela las ayudas
03 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El debate sobre el futuro de la educación concertada calentó el último pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. El Gobierno socialista de Emiliano García-Page se comprometió a congelar las ayudas públicas a colegios privados y a llevar a cabo posteriormente una reducción progresiva de fondos. Ese fue parte del precio que le exigió Podemos para apoyar los presupuestos autonómicos. Los populares rechazan frontalmente esta medida y aseguran que atenta contra «la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos». Los socialistas sostienen que «ni la Constitución ni la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge la necesidad de financiar la libertad de enseñanza». Y los diputados de Podemos citaron a Felipe González, «quien dijo que su gran equivocación había sido no acabar con la educación concertada». Como en Portugal y en Valencia, las aulas vuelven a estar en el centro de la batalla política.
¿Qué ha ocurrido en Valencia?
Después de un crecimiento sostenido de unidades concertadas en Valencia durante los últimos años, el bipartito formado por el PSOE y Compromís se ha propuesto frenarlo. El Gobierno autonómico elaboró diferentes borradores en los que aplicaba un tijeretazo considerable de cara al próximo curso. El sector le plantó un pulso al Ejecutivo con diferentes movilizaciones, apoyadas por el PP. Hasta Mariano Rajoy llevó el asunto al terreno de la precampaña electoral con una visita a Valencia en la que apoyó a representantes de la concertada. Finalmente, el Ejecutivo autonómico permitió abrir nuevas aulas y cerró otras. Y el próximo curso habrá exactamente las mismas unidades de concertada que en este. Más que un recorte es una congelación.
¿Qué recortes se han aplicado en Portugal?
El Gobierno socialista, sostenido por el Partido Comunista y el Bloco, anunció la retirada del 60 % de las subvenciones estatales a colegios privados. El Ejecutivo señala que sus recortes se aplicarán allí donde considera que existen centros públicos con plazas disponibles para absorber alumnos de la concertada. Representantes de la enseñanza privada se movilizaron, sacando a la calle a miles de personas en Lisboa. En este caso, la Federación Nacional de Profesores ha decido pasar al contraataque, convocando para el 18 de junio una manifestación «en defensa de la escuela pública».
¿Se aplica este modelo en otros países de la UE?
Ángel Felpeto, consejero de Educación de Castilla-La Mancha argumentaba en la Cámara autonómica que la financiación de la educación concertada «no existe en la mayoría de democracias». Pero España y Portugal no son excepciones en Europa. En Francia y Bélgica, por ejemplo, existen centros privados subvencionados, muchos de ellos vinculados a la Iglesia católica. Holanda es otro país en el que este tipo de centros tienen bastante peso en el sistema educativo. También hay colegios privados que reciben fondos públicos en Dinamarca, ese Estado que parece una referencia para la derecha y la izquierda, y en Alemania, la locomotora económica de la UE.
¿Es posible suprimir de un plumazo este tipo de enseñanza en España?
Hasta los detractores de este modelo admiten que sería imposible prescindir de los centros concertados de un curso para otro. Unos ocho millones de alumnos españoles están matriculados en este tipo de colegios e institutos. La enseñanza pública no podría generar tantas plazas sin que se afrontara una reorganización a gran escala que precisa tiempo. Se necesita, por tanto, una transición. Hasta Izquierda Unida, que recogía sin ambages la eliminación de la concertada en su programa electoral para el 20D, defendía «una supresión progresiva».
La coalición Unidos Podemos quiere la «supresión progresiva» de este tipo de centros
¿Qué dicen los programas de los partidos políticos sobre la enseñanza concertada? El PP se postula a favor y defiende «el derecho de los padres a elegir». El PSOE no aclara su postura en el programa, en el que se refiere a garantizar «la suficiente oferta en centros públicos». Pero no se compromete a sostener o a recortar la enseñanza concertada.
La coalición Podemos-Izquierda Unida apuesta por una «moratoria de conciertos educativos, junto a un plan para su supresión progresiva mediante la integración voluntaria de centros privados-concertados en la red de centros públicos».
Más control
Por su parte, Ciudadanos no se opone a los centros privados sostenidos con fondos públicos, pero propone más control, como «combatir la imposición de tasas, tarifas o gastos», lo que afectaría a las aportaciones que suelen hacer los padres a los colegios concertados. Y quiere exigir a ambos una «rendición de cuentas» sometiéndolos a pruebas estandarizadas.