El Gobierno veta la contratación no solicitada de la electricidad por teléfono
ECONOMÍA
Refuerza la protección del cliente frente a fraudes y abusos obligando a la grabación íntegra de las llamadas o elevando las multas hasta los 6 millones
10 feb 2026 . Actualizado a las 19:17 h.Más protección para el consumidor frente a fraudes y abusos. Ese es el objetivo del reglamento general de suministro y contratación de energía eléctrica aprobado este martes por el Consejo de Ministros, a través de un real decreto que, además de modernizar el marco regulatorio del sector energético, refuerza los derechos de los clientes. ¿Cómo? Con una batería de medidas de las que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó la prohibición a las comercializadoras de electricidad para cerrar contratos de servicios por teléfono que no hubieran sido previamente solicitados o autorizados por los clientes. Es decir, adiós al spam telefónico y a las contrataciones «en caliente».
Además, para los casos en los que el consumidor hubiera solicitado dicha comunicación, la normativa incluye una serie de requisitos con los que salvaguardarlo de potenciales prácticas comerciales agresivas, engañosas o abusivas —denunciadas durante años—. Entre ellas están, por ejemplo, la obligación de que la comercializadora compruebe inequívocamente la identidad del titular y deje constancia de su consentimiento expreso. Igualmente, la conversación tendrá que grabarse de forma íntegra y deberá incluir la lectura de todas las condiciones precontractuales y los detalles de la oferta, para que sirva como prueba en caso de discrepancia entre lo acordado telefónicamente y lo recogido en el contrato final.
Para asegurarse de que las compañías cumplen las nuevas limitaciones, la normativa incluye un endurecimiento de las sanciones, de forma que las multas podrán llegar hasta los 6 millones de euros, al tipificarse como infracciones graves. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el órgano competente para imponer las sanciones.
El decreto eleva también las exigencias de calidad en la atención al usuario, de modo que las grandes compañías tendrán que dispensar atención personalizada y con una espera máxima de tres minutos al 95 % de las llamadas de los clientes. La ministra añadió que la normativa crea la figura del «protector del cliente», que emitirá resoluciones vinculantes, aunque su creación será voluntaria para las compañías.
Transparencia y protección
Lo que sí será obligatorio es que, ante un cambio de precios como consecuencia de la modificación de las condiciones contractuales —o ante un nuevo contrato—, la comercializadora tendrá que remitirle al cliente un documento detallado, previo a la firma del contrato, donde se explique con claridad qué impacto tendrá sobre la factura final, así como una tabla de los precios antes y después de las modificaciones.
La nueva normativa «consigue hacer un sistema eléctrico más resiliente, democrático y sostenible. Pero sobre todo al servicio de las personas y en especial de los consumidores más vulnerables», subrayó Aagesen. De hecho, el reglamento incluye la prohibición de cortar el suministro a los consumidores electrodependientes, mientras que las comunidades autónomas y las entidades locales podrán declarar esenciales los suministros a los hogares beneficiarios del bono social para impedir cortes en caso de impago.
Tampoco se podrá interrumpir el suministro por impago en días festivos o vísperas, y el gestor de la red de transporte deberá remitir trimestralmente al ministerio la actualización de los cortes realizados.
Rescisiones sin penalización
Como modo de elevar la protección a los usuarios más vulnerables, en el caso de que un beneficiario del bono social quiera cambiarse al mercado libre, el nuevo comercializador está obligado a tener el consentimiento expreso del cliente —al que le habrá facilitado una estimación anual con la diferencia de precios—, además de informar mensualmente a la CNMC de las renuncias recibidas.
Por otra parte, el reglamento también recoge que hogares y pymes podrán rescindir sin penalización sus contratos, así como que los cambios de compañía serán más ágiles, pues no podrán demorarse más de 10 días. También se permitirá que el cliente tenga más de un contrato de suministro a la vez.
El reglamento eléctrico no pasa por el Congreso
El real decreto-ley por el que se ha aprobado topar los precios en situación de emergencia requerirá la aprobación del Congreso para entrar en vigor, algo que se complica por la de debilidad parlamentaria del Gobierno.
No es el caso, sin embargo, del reglamento general de suministro y contratación de energía eléctrica porque, pese a aprobarse vía decreto, es una normativa técnica, que no tiene rango de ley y que, en consecuencia, no precisa la convalidación parlamentaria.
Proponen para antes del 2030 una ayuda por crianza de hijos de 200 euros al mes sin requisitos de renta
G. CUESTA / Madrid / Colpisa
El Gobierno quiere implantar una prestación por crianza de hijos. El anuncio de esta futura ayuda llega en plena escalada electoral dentro de cien metas de «corte social» que se marca el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que se anunciaron tras el Consejo de Ministros. ¿En qué consiste? ¿Quién se verá beneficiado? Pese a que aún se está trabajando en la normativa, la idea es que «vea la luz cuanto antes», dijo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Ya se conocen las principales claves, aunque el principal problema es que esta medida se encuentra en las negociaciones para los Presupuestos, tres años consecutivos prorrogados, así que no será rápida.
Una prestación universal
La idea es que pueda estar aprobada antes del 2030. Está en estudio y habrá elecciones de por medio antes de ese plazo. Lo que se sabe es que se tratará de una ayuda directa de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad. Además, cualquier familia podrá percibirla, sin importar la renta familiar ni la situación laboral.
Contra la pobreza infantil
El Gobierno defiende que es una medida contra la pobreza infantil de la que se podrán beneficiar todas las familias que tengan menores de 18 años, siempre que residan en España. En un principio, será compatible con otras ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV).
«Confío en que vea la luz cuanto antes y estoy convencido de que su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española», prometía Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, el ministro ha dicho que hay «conocimiento» para poder desplegar la prestación por crianza y «evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza infantil» en España.