Los casos de inquilinos que no pagan el alquiler se han disparado al amparo de la ley que protege de los desahucios a las familias vulnerables
30 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Ricardo Bravo Elvira fue al Senado como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación. Le imponía. Lo llevaba trabajado porque su organización lleva años denunciando los problemas derivados tanto de la okupación como de la inquiokupación, «mientras determinados partidos utilizan el problema como arma política».
—¿Quiénes son ustedes?
—Somos la Plataforma de Afectados por la Ocupación que nace en el año 2020 a través de la unión de varios tipos de afectados por ocupación e inquiokupación. El perfil de quienes constituimos la plataforma simplemente es el de haber sido víctima. Tenemos perfiles de personas que han sufrido allanamiento, que han sufrido y están sufriendo usurpación, al igual que vecinos convivientes en edificios controlados por mafias okupas y, sobre todo, tenemos casos de afectados por la inquiokupación.
—Okupación e inquiokupación...
—Ambas situaciones castigan a los propietarios porque se ha creado un ideario a partir de la crisis del 2008 donde se equipara okupación con vulnerabilidad. Sin embargo, la situación que se vio en el año 2008 es muy distinta de la que estamos viendo en el 2025. Anteriormente estábamos hablando de desahucios hipotecarios. Ahora suponen el 30 %. El 70 % restante tienen que ver con los impagos del alquiler que es lo que nosotros denominamos inquiokupación.
—¿Hay un interés real de acabar con ambas situaciones?
—Por el momento no consideramos que haya ninguna intención por parte del Gobierno de hacer una legislación para acabar con los okupas. Existe una ley que está paralizada en la mesa del Congreso. Entendemos que es por un tema ideológico de los dos grupos mayoritarios en la mesa, que son el PSOE y Sumar. Pero también existe una proposición de ley que presentó Junts este año en las Cortes en enero, y que se votó para su trámite parlamentario en marzo, que sigue paralizada también en la mesa del Congreso. Esto lo que nos hace ver es que no hay intencionalidad política para seguir avanzando y luchar contra esta situación.
—¿Por qué el Gobierno no actúa con más contundencia?
—Creemos que hay dos motivos. Uno, porque se sigue pensando y se sigue correlacionando vulnerabilidad con okupación. Dos, porque el Partido Socialista, pese a que tiene un criterio distinto, o eso es lo que expone en los despachos, se debe a determinadas formaciones políticas para seguir en el Gobierno. Así que ha adquirido una serie de compromisos con formaciones como Bildu, Esquerra y Podemos que lo que hace es evitar el discurso parlamentario de la okupación. [ERC, Sumar, Podemos y Vox no estuvieron en la comparecencia de la asociación en el Senado]
—¿Qué tipos de casos de okupas son más frecuentes?
—La mayoría de los casos que recibimos son de inquiokupación. Entre enero y agosto el 81 % de las consultas que recibimos tuvieron que ver con inquiokupación. La situación es dramática. Una sentencia para echar a unos okupas de patada en la puerta tarda en torno a 23,2 meses en ver la luz, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La inquiokupación es una situación distinta. Existe un real decreto que paraliza el desahucio o el lanzamiento de supuestas familias vulnerables. Esto provoca una falta de límites a la okupación de estas familias, ya que hasta que no decaiga este decreto van a seguir en las viviendas. Por lo tanto, es un tiempo incierto. Nosotros siempre les recomendamos a las personas afectadas que vayan por la vía legal. Un dato: el 57 % de las llamadas que hemos recibido en primera instancia prefieren buscar primero una solución extrajudicial para intentar recuperar la posesión en un plazo de tiempo más corto.
—¿Qué vacíos detectan en la legislación actual?
—No existe una ley antiokupación como tal, por lo tanto no se puede atajar el problema. La ley de desahucio exprés (como te decía, la media para sentencia de desahucio se cifra en 23,2 meses) no incluye a los grandes tenedores, lo que facilita que haya unas mafias totalmente controladas por un pequeño grupo de personas que «rentabilizan» la vivienda usurpada de un banco o a un gran tenedor. Si el propietario intenta hacerse con la vivienda, ellos se declaran vulnerables para que se paralice el desahucio. A modo de extorsión le piden una cantidad al propietario para poder liberar la vivienda. La ausencia de legislación favorece el desarrollo de estas mafias okupas.
—La legislación que protege a las familias vulnerables continúa. Parece lógico ¿no?
—Sí, y el Estado ha sido incapaz de ofrecer los recursos necesarios a estas familias vulnerables para que no tengan que ser desahuciadas. La ley es el decreto mal llamado del escudo social.... y no, el Estado no ha sido capaz de ofrecer los recursos necesarios. Lo que hace el Gobierno es prorrogar un decreto utilizando los recursos habitacionales de terceros. Hay que considerar que el 93,4 % de los propietarios de vivienda en alquiler solo tienen una vivienda en el mercado. Por lo tanto está afectando fundamentalmente a estas familias trabajadoras. Nosotros lo que estamos pidiendo es la derogación de este real decreto y que de una manera paralela el Gobierno sea quien con un presupuesto, con una partida presupuestaria, pueda ofrecer a los servicios sociales recursos para atender a esas familias.
—¿Cuál han sido los casos más difíciles gestionados?
—Los de inquiokupación. Ha habido familias que también se han visto afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus y se han tenido que mudar a otra comunidad o a otra ciudad. Alquilaron su vivienda para no tener un doble gasto (pagar alquiler e hipoteca). Pues bien, y debido a las deudas que han acumulado con el banco por sus inquiokupas, han perdido el inmueble. Están también los casos de los vecinos convivientes en edificios donde se han instalado mafias de okupas. Se está perpetuando el sufrimiento de estas familias.