En el mercado se rumoreaba como alternativa a la opa del BBVA sobre la entidad catalana
12 may 2025 . Actualizado a las 19:26 h.Abanca ha negado este lunes que tenga interés en explorar una fusión con el Banco Sabadell, después de que varios medios de comunicación informaran de que la entidad catalana estaría valorando una operación corporativa con el banco gallego (que también podría incluir al andaluz Unicaja) para blindarse frente a la opa hostil lanzada por el BBVA. «Ante las recientes informaciones publicadas en diversos medios sobre una posible operación corporativa con Banco Sabadell, Abanca desea insistir en que no tiene interés en esta operación. Somos una entidad comprometida con la generación de valor sostenible para nuestros clientes, empleados y accionistas, y cualquier decisión estratégica que tomemos estará siempre alineada con este objetivo», informó el banco que preside Juan Carlos Escotet en un comunicado.
Desde Abanca enfatizan que «solo participaremos en operaciones que garantizan la preservación de nuestro modelo de gobernanza y nuestro modelo de negocio, pilares fundamentales de nuestro éxito», destacando el sólido crecimiento, tanto orgánico (es decir, por la propia actividad de la entidad) como inorgánico (a través de la adquisición de otras financieras), que ha experimentado en la última década, «lo que nos posiciona como un actor relevante en el sector financiero».
«Nuestra prioridad actual es culminar con éxito la integración de EuroBic en Portugal, un paso clave dentro de nuestro plan estratégico 2025-2027, que está enfocado en el fortalecimiento integral de nuestras áreas de negocio y en consolidar nuestra presencia en los mercados donde operamos», explican desde el banco gallego, que insiste en que «seguirá trabajando para mantener su posición como referente en el sector financiero, siempre priorizando los intereses de sus grupos de interés» y anuncia que no hará más comentarios sobre las especulaciones del mercado.
Unicaja también se desmarca
También la cúpula de Unicaja se desentendió de los rumores de mercado. Fuentes de la entidad consultadas por Colpisa trasladaron que, pese a que el banco entra en todas las quinielas para una hipotética fusión con el Sabadell, la cúpula sigue centrada en «la creación de valor» para sus accionistas, «trabajando en el desarrollo de nuestro plan estratégico de manera independiente».
El rechazo de ambas entidades no implica que el Sabadell no haya valorado la posibilidad de una operación con cualquiera de ellas. Desde la entidad rechazan hacer comentarios, pero su consejero delegado, César González-Bueno, sí ha señalado en varias ocasiones en público la complementariedad geográfica y de negocio que implicaría la unión con otro banco mediano. Fuentes financieras añaden, además, que el denominado «deber de pasividad» ante la opa, por el cual la cúpula de la entidad catalana no podría realizar ninguna operación que interfiera en la oferta sin el visto bueno de la junta, no se aplicaría a movimientos como «la búsqueda de ofertas competidoras». Siempre, eso sí, que se cumplan ciertas condiciones: «Si en este proceso se diera acceso a cualquier clase de informaciones no públicas de la sociedad afectada, deberá asegurarse la igualdad entre todos los potenciales oferentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de este real decreto», explican fuentes financieras a la agencia Colpisa.
Quince días claves para el futuro de la opa
Las próximas dos semanas son claves para determinar el devenir de la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. Este viernes 16 acaba el plazo para participar en la consulta pública previa lanzada por el Ministerio de Economía para que organizaciones, asociaciones y cualquier ciudadano que se sienta afectado por la operación puedan dar su opinión sobre la misma. El resultado de dicha consulta no será vinculante, pero el Gobierno deberá tomar una decisión rápida, porque a más tardar el martes 27 de mayo (quince días hábiles tras la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) el ministro de Economía deberá decidir si no se pronuncia sobre la operación —y por tanto permita que esta siga adelante por silencio administrativo— o si la eleva al Consejo de Ministros, en cuyo caso el Gobierno tendría luego otros 30 días naturales para decidir si impone alguna condición adicional a la operación, que en función de su dureza podría incluso hacerla descarrilar.