El PP aprueba en el Parlamento la ley de recursos naturales, una «oportunidade perdida» para BNG y PSdeG

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en el Parlamento.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en el Parlamento. XOAN A. SOLER

La oposición alerta del riesgo de «dumping» con la comercializadora de energía y el PP defiende que la norma facilitará a Galicia convertirse «nunha gran potencia» en energías verdes

22 oct 2024 . Actualizado a las 13:53 h.

El Parlamento gallego aprobó este martes la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, la primera normativa de la legislatura y respaldada únicamente por el Partido Popular, más el diputado del grupo mixto. El debate evidenció el choque de modelos entre Xunta y oposición sobre el aprovechamiento energético a partir de fuentes renovables. Tanto el BNG como el PSdeG lamentaron la «oportunidade perdida» que supone impulsar una norma «privatizadora» y que «tingue de verde» la ausencia de política energética del Ejecutivo gallego. En palabras del nacionalista José Manuel Golpe, la ley incorpora un «remexido de ámbitos que deberían ter regulación específica». Según la Xunta, su misión es retener en la comunidad el beneficio ambiental, económico y social de los proyectos de producción de energía renovable, asegurando que las concesiones de aguas y minería reviertan en la sociedad.

La oposición criticó al Partido Popular por una tramitación que ignoró sus propuestas, aceptando solo nueve enmiendas (dos transaccionadas y una del PP) de más de cien enviadas por nacionalistas y socialistas. En respuesta, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, afirmó que se incorporaron 67 alegaciones al articulado por parte de la sociedad civil. Sin embargo, Golpe cuestionó que los populares no aceptaran sus enmiendas sobre energía eólica y, ahora, «nun exercicio de hipocrisía máxima», introdujeran modificaciones del plan eólico en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2025, permitiendo «facer todo» para poner al territorio «en mans do lobi eléctrico». En la misma línea, la socialista Patricia Iglesias mencionó las trece modificaciones que ha sufrido la ley del aprovechamiento eólico cada año a través de la ley de presupuestos, argumentando que el sector aún arrastra la «decisión nefasta» de suspender el concurso eólico durante el primer Gobierno de Alberto Núñez Feijoo. También criticó la falta de una planificación «rigorosa» sobre las zonas donde se pueden instalar parques eólicos, lo que fomenta un desarrollo «desordeado e masivo de proxectos». Recordó que, en solo dos meses, se aprobaron tantos parques como en «nos últimos seis anos».

Iglesias alertó, como había hecho en debates anteriores sobre el proyecto de ley, que esta normativa «chega tarde, mal e arrastro» y que Galicia necesita urgentemente una política energética y de aprovechamiento de los recursos naturales «con maiúsculas». Golpe, por su parte, acusó a los populares de ejercer una mayoría «absolutísima» al desestimar las propuestas de su grupo a una norma que, citando a su compañera de bancada, la nacionalista Noa Presas, calificó como «cabalo de Troia». Reconoció que su partido podría «subscribir a exposición de motivos» de la ley, pero no el articulado, cuyo conjunto de medidas «traza un rumbo cara a destrucción da riqueza do país». Apeló a la «desruralización» y a la «discrecionalidade» que disfrutará una Xunta «entregada aos grandes intereses económicos», advirtiendo que esto convertirá a Galicia en una «colonia» para las empresas energéticas y en un «territorio de sacrificio».

Respecto a la creación de la comercializadora de Recursos de Galicia (RDG) para abaratar la factura de la luz, ambos diputados coincidieron en que existe el riesgo de caer en «dumping» por una posible venta a pérdidas de energía. «Nin é pública, nin social, nin abaratará a factura dos galegos e galegas», corrigió Iglesias, argumentando que «só beneficiará» a las empresas elegidas por la Xunta. Además, Golpe calificó de «disparate» que la Administración autonómica solo posea el 30 % de la titularidad de la RDG, cuestionando cómo contribuirá el Gobierno gallego a combatir la pobreza después de eliminar el complemento autonómico al bono térmico, citando que el 21,6 % de los gallegos se encuentra en situación de pobreza energética.

Desde el Partido Popular, Alberto Pazos reivindicó que Galicia nunca había contado con «grandes xacementos de carbón ou petróleo no pasado», pero que ahora tiene la oportunidad de convertirse «nunha gran potencia» en energías verdes, siempre y cuando se sepa «aproveitar» esos recursos. Rechazó que existan «razóns de peso» para oponerse a esta ley, acusando a BNG y PSdeG de defender una «entelequia». «Esixen o desenvolvemento eólico de Galicia, ao tempo que tentan bloquear calquera instalación eólica», resumió.

Sin intervención de la conselleira

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, siguió el debate desde la primera fila del Gobierno gallego, pero no tomó la palabra. Aunque esa era su intención, entre el primer punto del día y la votación se presentó la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular. La nacionalista Olalla Rodil señaló que sería «unha anomalía absoluta» abrir el turno de tres minutos para la conselleira, opinión que también compartió el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El popular Alberto Pazos justificó que Lorenzana había solicitado su intervención por correo electrónico y que, debido a «un erro da Presidencia», no tuvo la oportunidad de hablar. El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, consultó a un letrado de la Cámara, quien indicó que no procedía habilitar el turno para la conselleira, dando paso a la votación.