Se había visto obligado a malvender la casa que había recibido tras la muerte de su tía
26 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.No se podía creer lo que le estaba pasando con Hacienda. La situación que le había obligado a malvender la casa que había heredado.
—¿Cómo comenzó el conflicto?
—En el 2017 tras la muerte de mi tía heredé una casa, de la que pagué lo que se denominan derechos reales, que están relacionados con el valor catastral. Cuál sería mi sorpresa, cuando 6 meses después, en el año 2018, recibí una notificación de la Agencia Tributaria de Galicia en la que, después de haber pagado 20.000 euros, me indican que abren un proceso de comprobación de valores y me remiten una liquidación por la que me obligan a pagar 73.000. Me dan de plazo 10 días hábiles para pagar o para presentar alegaciones. Me lo adornan con toda la parafernalia normativa con la que habitualmente amedrentan al ciudadano. Pensé que se me venía el mundo encima.
—Me dice que el problema fue la revisión catastral.
—Sí. El origen de todo está en cómo se llevó a cabo en su día la revisión catastral en la zona, que se hizo cuando en la casa no vivía nadie. Pasó de ser un inmueble con un valor catastral bajo a otro de mucho más valor. Pero lo cierto es que la casa fue reconstruida en 1953, y aunque en el catastro figura como casa rehabilitada integralmente en el 2015, no es cierto. Lo único que se hizo desde el año 1953 fue poner un tejado nuevo, ya que el original se hundía. No se cambió ningún otro elemento. La valoración catastral pasó a ser de 106.000 euros. En función de esa valoración, realicé la autoliquidación con Hacienda al pagar el impuesto de sucesiones. En este momento, compruebo que el valor de catastro varió en el tiempo que mi tía estuvo en una residencia. Como el recibo estaba domiciliado, nadie de mi familia se fijo en que se había incrementado.
—¿Cuánto fue el coste de los derechos reales?
—En la autoliquidación al ser familiar en tercer grado salió a pagar poco más de 20.000 euros.
—¿Qué ponía la carta de Hacienda?
—Utilizaba un lenguaje muy técnico. Estimaba que me correspondía pagar 73.000 euros, cifra que salía tras aplicar una estimación teniendo como referencia valores que figuran en los registros oficiales de carácter fiscal. Aplicaban un 2,5 al valor catastral de poco más de 106.000 euros, lo que elevaba el valor del inmueble a casi 266.000 euros.
—¿Cuántos requerimientos tuvo?
—Varios. Siempre se reafirmaban en lo mismo: los cálculos están mal hechos, tiene que pagar y si no lo hace... Acudimos al Tribunal Administrativo Regional de Galicia, que dicta sentencia en el 2021 y estima la reclamación efectuada en mi nombre por el gestor que me asesoró. Anula el acto impugnado por Hacienda y acuerda la retroacción de actuaciones. Es decir, anula el proceso y le dice al fisco que así no vale, que hay que comprobar la situación del inmueble. A los tres meses vuelve a llegar un escrito firmado por el mismo técnico (arquitecto de profesión), que se reafirma en que ha comprobado el valor de la vivienda. Lo rebaja hasta los 230.000 euros y envía una nueva propuesta de autoliquidación. Esta vez eran 60.000 euros. Envía un argumento de 30 páginas, escritas a doble cara, con fotos realizadas dentro de la finca, a la que entraron sin autorización y con datos de precios de venta y titulares de fincas colindantes.
—¿Qué dijo el TEAR?
—Le dijo al funcionario que «para examinar unas tablas o verificar el valor de venta de inmuebles que se dicen similares en su valor no se precisa ser perito técnico, pues bastaría que cualquier otro funcionario, lo que hace totalmente superflua la presencia de un experto técnico». El tribunal le da la razón al contribuyente y exige que se zanje ya el asunto.
[No hay derecho].