El Senado da luz verde a la norma sin cambios en el texto remitido por el Congreso
17 may 2023 . Actualizado a las 17:27 h.El Senado ha dado luz verde definitiva este miércoles a la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada por mayoría absoluta y sin cambios en el texto remitido por el Congreso, por lo que ya no habrá de volver a la Cámara Baja y entrará definitivamente en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En el pleno que rechazó las 234 enmiendas presentadas por los senadores, la oposición criticó al PSOE por aprobar la ley «deprisa y corriendo» por un puro interés electoralista. En contra de la norma se han pronunciado el PP, el PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN, que en la defensa de sus vetos han sostenido que esta ley invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios de alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y supone injerencias en la propiedad privada.
«Es una chapuza legislativa, una ley de cara a la galería, más preocupada por las elecciones, por eso vamos tan deprisa», ha criticado el senador de Junts per Catalunya Josep Lluis Cleries, tras quejarse de haber tenido solo tres días hábiles para presentar enmiendas.
Por el PP, la senadora gallega Pilar Rojo ha denunciado la «tramitación exprés, sin margen para una negociación», lo que a su juicio menoscaba excelencia legislativa e impide un «análisis riguroso y sereno, alejado de los intereses electorales». Rojo se ha mostrado además convencida de que las promesas de construir más de 160.000 viviendas que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son «puro teatro y propaganda» que van a provocar la frustración de los jóvenes.
El senador de Cs Miguel Sánchez ha afirmado que esta «no es una ley, sino un anuncio electoral» y que para solucionar el problema de la vivienda «no hace falta tanta legislación, sino poner viviendas en el mercado», mientras que Isabel Vaquero (PNV) ha incidido en que «una legislación tan exhaustiva limita el autogobierno vasco».
Por su parte, la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que intervino en nombre del Gobierno para defender la ley, ha ofrecido «colaboración» a promotores inmobiliarios y propietarios privados para afianzar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar, a través de la nueva norma.
En su intervención ante el pleno del Senado, que debatió durante más de cinco horas, la ministra remarcó que esta «no va contra nadie» y en que el espíritu del texto es el de «promover la colaboración» para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna.
«Si tenemos que buscar el espíritu de la ley, este sería el de promover la colaboración. Colaboración entre las distintas administraciones con competencias en la materia, sí; pero también colaboración con el sector privado, con promotores y propietarios», ha afirmado, tras hacer hincapié en que la nueva norma, que entre sus medidas más polémicas limita el precio de los alquileres, «no va contra nadie».
Raquel Sánchez, que ha agradecido expresamente a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, su trabajo para la aprobación de esta ley, ha asegurado que los casi tres años de camino «largo» y «difícil» que la han hecho posible se han recorrido «en diálogo permanente con los representantes de los sectores afectados y con el mundo académico y profesional».
Ha destacado que se trata de una ley «sólida jurídicamente» y «socialmente ambiciosa», que toma lo mejor de las regulaciones que se han puesto en marcha en otros países para cambiar la orientación tradicional de las políticas de vivienda en España.
«Con la aprobación de esta ley damos un paso trascendental, porque con ella se consigue que el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclama el artículo 47 de la Constitución pase de ser un principio bienintencionado a ser un derecho jurídicamente garantizado», ha proclamado.
También ha defendido que el texto compagina «escrupulosamente» las competencias constitucionalmente reservadas al Estado en materia de legislación civil y procesal con las asumidas por las comunidades autónomas en materia de vivienda, y que con esta ley «el centro de las políticas de vivienda ya no podrá volver a ser el ladrillo, con sus secuelas de especulación y encarecimiento de precios».