La renta «permanente» se alimentará con deuda

La Seguridad Social aumentará su déficit para extender una red de seguridad básica a 850.000 hogares


Redacción / La Voz

«No miraremos hacia otro lado mientras hay compatriotas haciendo colas para comer», deslizó esta tarde Sánchez tras anunciar que el ingreso mínimo vital (IMV) verá la luz en junio. Será mínimo, será vital y será «permanente». Ese es uno de los puntos críticos en los que se quiebra el consenso sobre la necesidad de extender una red de seguridad bajo los pies de las familias más vulnerables. Muchas ya lo eran antes de que el covid-19 convulsionara sus vidas (26,5 % de la población en peligro de pobreza), pero la devastación que ha dejado ha apremiado al ministro José Luis Escrivá a dar forma, bajo la presión de su socio morado de Gobierno, a una medida que venía pergeñando desde su etapa al frente de la Airef. Algunos expertos aplauden la medida y otros cuestionan su eficacia alegando que será un incentivo perverso para no trabajar, a pesar de estar condicionada a la búsqueda activa de empleo.

Tampoco hay acuerdo sobre la capacidad de las arcas públicas para financiar unos cheques que «cubrirán la diferencia hasta alcanzar el ingreso mínimo establecido para cada hogar». Oscilarían entre los 462 y los 1.015 euros.

El Gobierno espera cubrir las necesidades de 850.000 hogares españoles, la mitad de ellos con niños a cargo, con 3.000 millones de euros anuales a cargo de la Seguridad Social, a pesar de que su tesorería podría alcanzar este año, según estimaciones de Global Actuarial, los 30.000 millones de euros de déficit. Esta derrama ni siquiera fue notificada a la Comisión Europea en el último plan de Estabilidad, enviado hace menos de un mes a Bruselas, a donde tendrá que acudir la ministra de Economía, Nadia Calviño, a negociar los paquetes de ayuda para la recuperación, ya sea a través de un futuro fondo panaeuropeo o a través del denostado MEDE, que lleva grabado con mayúsculas las iniciales de «rescate».

Pedir prestado

Con una caída del 9,2 % del PIB prevista para este año, un déficit de las Administraciones sobrepasando el 10 % y el desempleo acercándose a la barrera del 20 %, se antoja difícil sufragar otra partida de gasto solo a través de los ingresos, por lo que la medida, de carácter estructural, se alimentará de deuda. Una deuda que sobrepasará el 116 % del PIB en el 2020. Toca pedir prestado. El margen liberado por el programa europeo SURE para pagar los ERTE o los fondos de rescate para seguir inyectando liquidez a las empresas pueden dar aire a un Ejecutivo que tendrá que volver a hipotecarse en los mercados.

Se acumulan los pagos

La premura con la que Sánchez ha anunciado la medida contrasta con las dificultades que está teniendo el SEPE para desembolsar el dinero de los ERTE. Aunque el Ejecutivo fijó en 300.000 los trabajadores a la espera de cobrar, el Colegio de Gestores Administrativos apunta que hay 900.000 afectados que aún no han visto un euro.

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Vivir al día y, tras el zarpazo económico de la crisis sanitaria, ni eso. Es la realidad de multitud de hogares gallegos que, afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o por el cese o la caída dramática de la actividad de su negocio -en el caso de los autónomos-, llevan más de dos meses esperando por unas prestaciones públicas que no llegan.

Los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) denunciaban hace unos días, a través del sindicato CSIF, que los retrasos en los pagos estaban llevando al límite a los afectados, que acababan convirtiendo la tensión en «hostilidad» hacia los trabajadores del servicio. Advirtieron, de hecho, que no retomarían la atención presencial (prevista a partir del día 25) si no se les garantizaba la seguridad.

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