Detecta que el regulador abusa también de los contratos menores
21 ago 2019 . Actualizado a las 20:15 h.Ni siquiera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el órgano que debe velar porque precisamente haya competencia efectiva en la economía española, está libre de culpa en este sentido. El regulador que ha de hacer cumplir la ley también la incumpliría en ocasiones.
Tras examinar las adjudicaciones realizadas entre el 2015 y el 2017 por el órgano que preside José María Marín Quemada, el Tribunal de Cuentas encuentra «deficiencias o irregularidades» ?algunas importantes, en apariencia? en la forma en que realiza sus propias licitaciones tras haber analizado casi un centenar de ellas, incluidas decenas de contratos menores que por sus características apenas pasan filtros. Y el primer reproche es precisamente por la falta de «justificación suficiente» para algunos, llegando incluso a observar «un solapamiento entre las prestaciones ofrecidas por los correspondientes» acuerdos.
Desde la CNMC lo niegan -al menos, en algunos casos, pues «se emplean para usos y cometidos diferentes»- y aducen «la imposibilidad de disponer de dotaciones adicionales de personal» para esos trabajos.
En las actuaciones previas Competencia tampoco parece ser demasiado rigurosa, según el órgano fiscalizador, pues llega a usar en sus pliegos «valores anormales o desproporcionados» para comparar las ofertas recibidas. También divide algunos procesos en lotes de forma indebida, concede sin motivo suficiente «derechos de exclusividad» a algún adjudicatario y permite subcontrataciones excesivas.
Pero donde llama aún más la atención el comportamiento de la Comisión, según el informe del órgano contable, es en su «deficiente» procedimiento negociador y, sobre todo, el aparente abuso de contratos menores. Es más, «fraccionó» varias contrataciones para «no superar los límites» y «encadenó» otras sin razón aparente, para lograr de facto prórrogas prohibidas por la ley.
La CNMC arguye en su defensa que el retraso en la entrada en vigor de la normativa europea sobre contratación pública, pese a aprobarse en febrero del 2014, ha hecho que en los últimos años no haya sido muy rigurosa en ello. Y si bien niega incumplimientos legales, admite que ha existido una »planificación deficiente« de sus contratos.