Pese a la celebración de las elecciones generales hace un mes, todavía hoy los ciudadanos no sabemos quién y cómo nos van a gobernar. Los responsables de tal situación están inmersos en su especial juego de tronos, una lucha que pasa por definir quién tendrá el bastón de mando en autonomías y ayuntamientos clave. Madrid y Cataluña, como siempre, se comportan como el epicentro del mundo. Son los políticos de estos territorios los que -en la mayor parte de los casos, por no decir todos- están repartiendo el poder en el resto de ciudades y comunidades españolas. Incluso en aquellas en las que jamás hayan estado y a las que han desfavorecido cuando, impulsando la concentración del poder económico y administrativo, «han invitando» a sus ciudadanos a emigrar a las grandes capitales. Estamos viviendo el baile de los contrapesos, fundamental para afrontar la próxima negociación: la financiación autonómica, un pulso en el que ya son evidentes las tensiones entre las comunidades vaciadas y el resto.
Manuel Blanco Desar, economista y demógrafo, considera que se va a intentar mejorar mucho la oferta a la Generalitat de Cataluña para rebajar la tensión. Recuerda que los nacionalistas catalanes se han movilizado tras la crisis porque tuvieron severos recortes a pesar de que ponían más en el peto común español que otras comunidades (allí las listas de espera para la dependencia son peores, las tasas universitarias más altas, los impuestos mayores...) «Desde mi humilde punto de vista -añade-, una solución al embrollo secesionista (ligado a la financiación autonómica) es pactar una cartera de servicios idéntica para todos los ciudadanos y el resto [de transferencias internas españolas] vincularlo a objetivos y resultados. Si conseguimos que se desarrollen más rápido las autonomías con peores datos de PIB per cápita, en una generación conseguiríamos desactivar en gran medida al secesionismo y mejoraríamos la cohesión interna española». Pero -advierte el experto- quien tiene que hacer el mayor y mejor esfuerzo es el receptor neto de recursos. De esta manera se incentiva a mejorar la gestión en las autonomías menos eficientes a las que se les debe de exigir, por ejemplo, que optimicen y mejoren las inversiones, y un mayor esfuerzo en su sistema educativo más rezagado. Ya lo decían las abuelas: este dinerito es para aprender un oficio y no para gastarlo en vino. «Si todos somos españoles -añade Blanco Desar-, no es justo que la matrícula universitaria para estudiar Medicina o Química sea tres veces más cara en Cataluña que en Galicia. ¿Están estos estudios en la cartera de servicios públicos básicos? No. «Es necesario que mejoremos nuestra fecundidad colectiva y nuestra competitividad (vía aumento de los resultados educativos con reducción del abandono escolar a niveles de Chequia o Irlanda), porque, de no ser así, nos pasaremos otros 30 años a peor», subraya.
Para el economista Venancio Salcines, el nuevo marco de financiación debe redefinir la variable población desde varias perspectivas. Primera, en la actualidad los habitantes ponderan un 30 % y la superficie un 1,8 %, «dato ya de por si es claramente perjudicial para los territorios con población dispersa, en donde Galicia es un exponente». Segunda, la población envejecida pesa un 8,5 % cuando en la comunidad gallega se mueve cerca del 25 %».
En definitiva: el futuro pasa por más población joven y preparada, más productividad y no dejarse pisotear.