Las fábricas de Alcoa, más cerca del cierre que de la venta

El Gobierno aplaza la aprobación de nuevos incentivos para la industria, que harían más atractivas las plantas para los inversores

Alcoa cerrará parcialmente las fábricas de A Coruña y de Avilés en julio si no logra venderlas antes; en la foto, la de San Cibrao, que se salvaría de esta quema
Alcoa cerrará parcialmente las fábricas de A Coruña y de Avilés en julio si no logra venderlas antes; en la foto, la de San Cibrao, que se salvaría de esta quema

La Voz

El Consejo de Ministros no aprobará este viernes el estatuto del consumidor electrointensivo, como prometió que haría el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Con lo cual, la venta de las fábricas de Alcoa en A Coruña y en Avilés antes del 30 de junio, para salvarlas del cierre parcial, podría frustrarse. Porque los inversores ya no tendrían asegurado un precio competitivo de la electricidad. El estatuto queda en el cajón hasta después de las elecciones generales y depende de cuánto tarde en formarse el nuevo Gobierno para que las medidas lleguen a tiempo de salvar las plantas y de evitar el despido del 43 % de sus trabajadores.

El estatuto superó casi en tiempo récord una serie de trámites que a ritmo normal se prolongarían durante seis meses. Del 1 al 15 de febrero estuvo a exposición pública una propuesta de borrador; y el 18 de marzo hizo público el proyecto de real decreto que regula el estatuto. Durante poco más de una semana se aceptaron alegaciones y el texto se remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que emitiese su dictamen. También debía hacerlo el Consejo de Estado

Competencia sí ha informado el estatuto, y son precisamente sus alegaciones las que han frenado la aprobación este viernes del real decreto, según avanzó primero el consejero de Empleo del Principado de Asturias, Isaac Pola; y poco después el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, quien comunicó la noticia a una representación del comité de empresa de Alcoa en A Coruña. 

El informe del regulador tiene fecha de 9 de abril, pero fue hecho público este mismo jueves a mediodía. Acepta el texto, pero le ve algunos problemas de cierta enjundia, como que algunas de las medidas contenidas para abaratar la factura eléctrica de las industrias puede ser considerada como una ayuda de Estado, la gran bestia negra de la Comisión Europea, y, por tanto, le aconseja al Ejecutivo que ande con cuidado con las autoridades comunitarias. Estas ya han puesto en entredicho las subastas de incentivos por prestar el servicio de interrumpibilidad, el mecanismo en vigor para aliviar los altos costes energéticos de estas industrias, como Alcoa, Ferroatlántica, Megasa o Celsa, en Galicia

Literalmente, Competencia avisa de que «ante el elevado riesgo de la concurrencia de los elementos constitutivos de una ayuda de Estado [...]  se sugiere que se actúe siguiendo el criterio de prudencia, evitar inseguridad jurídica, y que el órgano proponente de la norma notifique las medidas proyectadas a la CE».

Miguel Conde, del comité de empresa de A Coruña, avanzó la preocupación de los trabajadores con este incumplimiento por parte del Gobierno, que los deja a los pies de los caballos. El presidente del comité de Avilés, José Manuel de la Uz, habló de «gran engaño del PSOE y de Pedro Sánchez, que garantizó la continuidad de Alcoa».

Los sindicatos UGT, CCOO y USO en Asturias considera una «mentira», un «engaño» y una «traición» por parte del Gobierno de España el aplazamiento.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia justificó que se va a «retrasar un tiempo» el texto para dar «una estabilidad a largo plazo» a los inversores interesados en Alcoa, mientras remarcó que «hay ofertas concretas sobre la mesa». 

La CNMC cifra el impacto de las medidas contenidas en el estatuto en 41 millones de euros, una nimiedad en comparación, por ejemplo, con los 500 millones que se repartían hasta el 2017 en las subastas antes mencionadas. 

Cansados de tanta crisis industrial

F. Fernández

Amenazas de cierre o de despidos están acabando con la paciencia de los operarios de Alcoa, Ferroatlántica o Poligal: solo en ellas están en juego más de 1.000 empleos

La crisis industrial está dejando un reguero de trabajadores cabreados. La paciencia se les agota. Basta de promesas. Quieren hechos. Y tranquilidad en sus puestos de trabajo.

Por eso ocurrió lo que ocurrió ayer a mediodía en Madrid. Que cientos de empleados de Alcoa rodearon el Congreso de los Diputados y la policía cargó contra ellos al temer que intentaban saltarse el cinturón de seguridad. «Movemos un pouco as vallas e tiráronse contra nós», relata Miguel Conde, miembro del comité de empresa de la fábrica de A Coruña. El rifirrafe acabó con el presidente de ese comité, Juan Carlos López Corbacho, tirado en el suelo, boca abajo, empujado por los agentes, y con un compañero de planta esposado y detenido. Este último permaneció un par de horas en comisaría y luego fue liberado. Fueron zarandeados, empujados y golpeados con las porras otros trabajadores, sindicalistas y diputados de Unidos Podemos, entre ellos, los gallegos Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino.

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