Las corbetas, un contrato polémico por la venta de armas a Arabia Saudí pero vital para el futuro de Navantia

Los trabajadores insisten en que es imprescindible para el plan de viabilidad de los astilleros públicos


ferrol / la voz

La polémica ha rodeado al contrato de construcción de cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí desde el primer momento en que se conoció que Navantia iba a fabricar los barcos. Varias oenegés se dirigieron al Gobierno de Mariano Rajoy para pedir que se descartarse este pedido, y, una vez firmado, fue el actual Ministerio de Defensa el que lo puso en la picota al sugerir que iba a bloquear el contrato de venta de armas al país. Es un pedido que va a desarrollarse mayoritariamente en el astillero de San Fernando (Cádiz), mientras que el de Ferrol solo suministrará equipos, pero su trascendencia va más mucho más allá de la planta andaluza. Con una situación económica en la uvi, los cerca de 2.000 millones de presupuesto del encargo son un balón de oxígeno para las cuentas de la compañía, y una de las patas sobre las que se asienta el plan estratégico de Navantia hasta el 2022. En términos de empleo, despeja ocupación para cerca de 4.000 trabajadores, entre directos y auxiliares, durante los próximos cinco años.

Por ello, tanto los representantes de los trabajadores como los alcaldes de las ciudades de Cádiz y de Ferrol -José María González (Podemos) y Jorge Suárez (procedente de EU para Ferrol en Común)- defienden la ejecución de la obra, pese a condenar las violaciones de los derechos humanos y el asesinato del periodista saudí. Ayer mismo Suárez reiteró esas críticas, pero se adhirió a las peticiones del comité de empresa de Navantia Ferrol «na defensa da carga de traballo para os estaleiros da ría». El BNG, sin embargo, lo acusó de hipocresía por su postura sobre la obra.

Enfrente tienen a dirigentes nacionales de Podemos que han llegado a sugerir que sea el Gobierno español el que fabrique las corbetas igualmente para venderlas a otros países o que intente conseguir otro contrato, revelando así un absoluto desconocimiento del mercado naval internacional, y específicamente del de defensa, en el que los concursos tardan una media de un lustro en resolverse.

«Contratos de un día para otro»

La Federación de Industria de CC.OO., sindicato mayoritario en los astilleros públicos, salió ayer al paso de la polémica suscitada con el contrato árabe y rechazando que se ponga el foco en los trabajadores del naval. «La contratación en el sector naval no se hace de un día para otro; poder optar a contratos lleva años, y lo que hoy tenemos no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y voluntad política», reseñó. Aunque la central defiende que se potencie también el área civil para hacer una compañía dual, recuerda que, «mientras, no queda más alternativa que cumplir los contratos vigentes y agilizar los comprometidos tanto de clientes extranjeros (incluidas las corbetas) como de nuestras Fuerzas Armadas».

Los trabajadores cuentan los días para que, iniciado el 2019, arranque la construcción de las corbetas y se terminen los sobresaltos.

Sánchez apela al interés nacional para seguir vendiendo armas a Arabia Saudí

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El Gobierno antepone la defensa del empleo a los ideales pacifistas de los que tanta gala hace. «La política es compleja», admitió Pedro Sánchez, quien este miércoles confirmó que, «por interés nacional», no revisará los contratos armamentísticos con Arabia Saudí heredados del anterior Ejecutivo por temor a las represalias comerciales que pudiera emprender este país. Sánchez acudió al Congreso con la lección bien aprendida tras el susto de este verano a raíz del anuncio del Ministerio de Defensa de su intención de cancelar la venta de 400 bombas de alta precisión. Arabia Saudí amenazó entonces con cancelar su encargo de cinco corbetas a Navantia por valor de 2.000 millones de euros, lo que desató una crisis diplomática que afectó a varias carteras ministeriales y que solo se recondujo tras un delicado trabajo del titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la desautorización por parte del presidente del Gobierno de Margarita Robles, responsable de Defensa. En juego, 6.000 empleos en el astillero de Cádiz.

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