El 80 % de los beneficiarios gallegos del bono social se quedarán sin él en octubre
ECONOMÍA
Expirarán cerca de 200.000 contratos y solo 45.000 disfrutarán del descuento
16 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El 9 de octubre entrará en vigor definitivamente el nuevo modelo de bono social de la luz, que proporcionará descuentos en la factura eléctrica mensual de entre el 25 y el 40 % solo a los clientes que cumplan unos requisitos estrictos en función de la renta y a todas las familias numerosas, ingresen lo que ingresen. En todos los casos tendrán que solicitarlo expresamente y demostrar que reúnen las condiciones. Todos los demás beneficiarios quedarán fuera y pagarán la totalidad del importe del recibo sin opción a rebaja alguna.
Y es que ese 9 de octubre, dentro de tres semanas, desaparecerá el ya antiguo bono social, aquel que no tenía en cuenta los ingresos familiares. Solo requería el Ministerio de Transición Ecológica (antes de Energía, y antes de Industria) estar en paro de larga duración, ser pensionista o tener contratada una potencia inferior a los 3 kilovatios. Durante el último año han convivido ambos modelos para facilitar la transición.
Pero el tiempo de descuento se acaba. Y, con los datos en la mano, se quedarán sin esa rebaja la gran mayoría de actuales beneficiarios, bien porque no han solicitado el nuevo, bien porque no reúnen los criterios de renta. Así, en Galicia, la principal empresa comercializadora de energía eléctrica es Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa. Con ella tienen contrato de bono social 229.225 clientes gallegos en la actualidad. De ellos, solo 43.000, o sea, el 19 %, están adaptados al nuevo modelo en función de la renta. Todos los demás, es decir, 186.225, todavía no, y, por tanto, dejarán de disfrutar del descuento el mes próximo.
Claro que esto no quiere decir que no tengan derecho a ello. Es más que probable que muchos reúnan los requisitos, pero no se hayan enterado aún de que tienen que solicitar la renovación del bono. Si es así, no hay plazo para tramitarlo, pero si no lo hacen a tiempo el 9 de octubre se quedarán sin la rebaja en la factura, aunque la recuperarán en cuanto su expediente sea aceptado.
Viesgo, que opera sobre todo en el norte gallego, ofrece el nuevo bono social a 1.546 clientes. Al antiguo están abonados 8.711, que lo perderán dentro de tres semanas. Lo mismo pasará con 518 contratos con Endesa. Esta compañía fue la única que detalló el número de solicitudes tramitadas, aceptadas y denegadas. En total, hasta principios de septiembre, recibió 1.735 peticiones; 812, aceptadas y 923, denegadas por el ministerio porque faltaba documentación.
Iberdrola solo informó de que contaba en la actualidad con 1.350 clientes con bono social en Galicia, pero no aclaró cuántos se ajustan al nuevo modelo y cuántos no.
A nivel nacional ocurre algo bastante parecido. Según los últimos datos divulgados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a finales de julio, solo 650.000 clientes están apuntados al nuevo bono eléctrico. Al modelo antiguo estaban anotados 2,5 millones. De este modo, si no lo remedian, el 74 % quedarán excluidos.
Esta pérdida masiva del bono social se produce en plena escalada del precio de la electricidad, la mayor desde enero del 2017.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explicaban hace unos días que lanzarán una campaña masiva de información para que los clientes comprueben si tienen derecho a ese descuento en la factura y lo soliciten.
Al margen de que los consumidores no estén al día con la nueva normativa sobre el mecanismo, lo cierto es que la tramitación del bono es de lo más engorrosa, porque hay que presentar un montón de papeleo para pedirlo. La propia CNMC, en su página de Internet, tiene disponible una herramienta para facilitar los trámites. Además, el ministerio habilitó hace ya unos meses una web específica (www.bonosocial.gob.es) para facilitar las inscripciones.
Imprescindible: tener contrato en mercado regulado
f. f.
Los requisitos de renta establecidos por el Gobierno -están resumidos en el cuadro superior- garantizan que disfrutarán de descuento en la factura eléctrica las familias que realmente lo necesitan, a excepción de las numerosas, que tendrán derecho al bono ganen lo que ganen. Sin embargo, hay que solicitarlo expresamente y presentar un buen número de documentos para optar a ese beneficio social. Pero, ¿dónde se tramita? Los consumidores que vivan en una ciudad lo tienen más fácil, porque solo deben acudir a la sede de una compañía comercializadora, da igual a cual, aunque es Naturgy la que dispone de una infraestructura más amplia por toda Galicia. En teoría también se puede solicitar por teléfono, correo electrónico, postal o fax, pero a la vista del engorroso papeleo parece más recomendable ir a una oficina.
Pero aparte de demostrar la renta disponible, el número de miembros que viven en el hogar o que se trata de una familia numerosa, el posible beneficiario debe reunir un requisito imprescindible: su contrato de suministro de electricidad debe estar en el mercado regulado, en el que es el Gobierno el que marca las pautas para determinados aspectos, como este del bono social, que no existe en el negocio libre. Comprobar el tipo de contrato parece fácil, pero no lo debe de ser tanto, cuando ocho de cada diez clientes consultados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dicen no saber en qué mercado operan. Por eso obligará a las compañías a diferenciar bien su marca y su nombre para distinguir con claridad si están en uno o en otro.
En la factura mensual figura en qué mercado está el cliente. Si no es así, en las oficinas de la compañía eléctrica a la que acuda para tramitar el bono le dirán en cuál está. Si descubre que está en el libre, podrá solicitar su paso al regulado, aunque antes deberá comprobar cuándo acaba su contrato anterior para evitar penalizaciones.
Las empresas comercializadoras tramitan las solicitudes de bono social, pero es el Gobierno el que las acepta o las deniega.
El Gobierno se centrará en los más vulnerables para atajar la subida de la luz
j. m. c.
Cada vez que el precio de la electricidad se dispara, el titular del Gobierno responsable de la energía anuncia una batería de medidas para revertir el alza en las facturas de millones de consumidores. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hará lo propio este próximo miércoles en el Congreso, mientras septiembre se encamina a convertirse en el mes con el recibo más caro de los 20 últimos meses. Aunque, en realidad, la capacidad de intervención del Ejecutivo en un mercado como el eléctrico no es elevada por las disposiciones comunitarias que limitan cualquier actuación en este sentido. Por eso, el Gobierno sí tiene previsto actuar, pero inicialmente solo entre las familias con menos recursos para que puedan hacer frente al pago de sus recibos a las puertas del otoño.
Los cambios llegarán, pero para «proteger a los colectivos más vulnerables», que cifró en 4,6 millones de hogares para pagar la factura. «Los precios han subido más que los salarios y las prestaciones sociales y eso no lo podemos permitir», indicó Ribera hace unas semanas.
Aunque ya está en vigor el nuevo bono social, al que se pueden acoger determinadas familias según el nivel de renta, el Ejecutivo no descarta anunciar algún apoyo a esa herramienta u otras ayudas de corte social relacionadas con la luz, según apuntan fuentes del sector.
Una actuación rápida
Sería la actuación más rápida y certera que anunciaría la ministra el próximo miércoles, ya que se podría resolver con un decreto en el Consejo de Ministros, que tendría que ser validado por el Congreso posteriormente, y cuyos plazos apenas rondan unas semanas si se agilizan trámites.
De hecho, seguiría las recomendaciones del comité de expertos que hace seis meses publicó un documento para llevar a cabo la transición energética. En ese texto, abogaban por «extender la protección al conjunto de suministros energéticos» en función de renta, número de miembros de la unidad familiar o minusvalías. Además, apuntan que «sería conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores vulnerables». Al mismo tiempo, recomendaban «evaluar cuidadosamente los colectivos que se incluyen dentro de la protección para consumidores vulnerables», para evitar «ayudas innecesarias».