La Audiencia Nacional abre la primera causa contra la antigua Caixa Galicia

r. santamarta, a. balseiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Álvaro Ballesteros

Entre los imputados por una operación urbanística fallida está José Luis Méndez

10 ene 2018 . Actualizado a las 08:08 h.

La Audiencia Nacional ha abierto la primera investigación contra la cúpula de la antigua Caixa Galicia por operaciones dudosas de crédito que le provocaron un quebranto económico en el pasado. Es un procedimiento a instancias del FROB, el fondo público de rescate bancario, que ha supuesto ya la apertura de otros expedientes en entidades de ahorro que precisaron ayudas públicas.

En este caso, la investigación arrancó en el 2016, según fuentes cercanas a la Audiencia Nacional, y se ha llevado con discreción por parte de la fiscala Pilar Melero, la misma que dirigió la que acabó con los antiguos dirigentes de Caixanova en prisión por las indemnizaciones millonarias. Tras meses recopilando información, el caso llegó a la jueza Carmen Lamela, responsable de la sala número 3 de la Audiencia Nacional, que el pasado verano, según la información recabada, decidió ya abrir una pieza propia y llamar a declarar como investigados a una parte de la antigua cúpula de Caixa Galicia, la que estaba al frente de la entidad entre los años 2005 y 2009.

Entre esos imputados -directores de oficina y responsables de crédito y asesoría jurídica- está quien durante 30 años fue director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, retirado de la primera línea en el 2010, justo antes de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova. Todos los investigados, según las fuentes de la Audiencia Nacional, ya han declarado, aunque se desconoce si Méndez lo hizo en persona o por escrito, teniendo en cuenta que alegó un delicado estado de salud para posponer la primera fecha a la que fue convocado.

Operación en Roquetas de Mar

El procedimiento por el que están investigados esos directivos está vinculado con una operación con una constructora de Roquetas de Mar (Almería) llamada Cueva Mar. La entidad financiera concedió, a través de una sucursal que tenía en esa zona, un crédito para el desarrollo de una promoción inmobiliaria, un préstamo concedido a finales del año 2004 por una suma de 15 millones de euros. En ese momento, las cajas de ahorros estaban lanzadas a la financiación del ladrillo fuera de sus territorios de origen. La financiación, según la información recopilada, se avaló con unas fincas en la zona con un valor de mercado de unos 30 millones. Lo que sucedió en cambio es que el valor real no llegaba ni a unos miles de euros. Uno de los solares fue anotado por Tasa Galicia -la tasadora en la que además participaba Caixa Galicia- con un valor de 23,9 millones, pero según los primeros informes periciales en realidad no era urbanizable, porque se trataba de un terreno protegido. Otra de las fincas puesta como aval fue tasada por encima de los 6 millones de euros, pero los informes judiciales no le dan ni 26.000 euros. Al final, este crédito le terminó costando más de 20 millones de euros, según los datos preliminares.

Tras las declaraciones de los investigados -que se produjeron en el último trimestre del 2017, pero cuyo contenido no ha trascendido-, el caso avanza ahora recabándose pruebas documentales. Este tipo de procedimientos, según explican otras fuentes, pueden prolongarse durante varios meses.

Los precedentes

El de Caixa Galicia es el primer caso que llega de forma efectiva a un magistrado de la Audiencia Nacional. Pero hay más procedimientos previos abiertos contra esta entidad por operaciones inmobiliarias del pasado. Hace tres años, el FROB remitió una batería de esta entidad, y de Caixanova, ante la Fiscalía Anticorrupción para que determinara si había algún tipo de responsabilidad por parte de los anteriores administradores. También se hizo con las entidades que formaron Bankia o con Caixa Catalunya, todas instituciones que percibieron fondos públicos.

En Caixanova -al margen de las condenas por las indemnizaciones millonarias-, en este tribunal hay al menos otras tres investigaciones abiertas por las que se ha llamado a declarar como investigados a Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego.