Rebelión en las granjas

Vecinos de municipios rurales repartidos por toda España están tratando de paralizar la construcción de grandes explotaciones


redacción / la voz

La construcción de macrogranjas está provocando una revuelta infrecuente en el campo y, a día de hoy, rondan la treintena los proyectos de este tipo que han dado con la oposición frontal de los vecinos de aquellas zonas donde pretenden ubicarse. Alegan quienes las promueven que crean riqueza y empleo y revitalizan entornos condenados a la desaparición. Los detractores argumentan el elevado impacto ambiental, la desaparición de las granjas tradicionales o las consecuencias sobre la salud.

Galicia, de momento, permanece ajena a este tipo de conflictos si bien el gran dimensionamiento que empiezan a adquirir algunas explotaciones lácteas de la comunidad también es, en ocasiones, fruto de numerosas disputas vecinales. Estas vienen provocadas en la mayoría de los casos por los olores procedentes de las granjas o por una inadecuada gestión de los residuos.

Sea como fuera, no existe ninguna normativa estatal ni europea que regule el tamaño máximo de las granjas, tal y como ha señalado el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria. El Ejecutivo se limita a recordar que cualquier proyecto «debe cumplir con la normativa de aplicación en materia de medio ambiente, bienestar animal y bioseguridad» y lo deja en manos de las comunidades. Estos son los tres casos más sonados:

Soria

20.000 vacas, 155 vecinos. El de Noviercas es uno de los casos más controvertidos. La cooperativa navarra Valle de Odieta planea construir en este pueblo una vaquería con capacidad para 20.000 vacas. La explotación, la mayor de Europa, fue vista con buenos ojos tanto por el consistorio local como por la Diputación de Soria, e incluso por una parte del vecindario que se comprometió a vender las 900 hectáreas necesarias para poner en pie las naves. Una inversión próxima a los 80 millones de euros y la creación de 250 empleos parecían buenos ganchos. Sin embargo, las posturas en contra fueron en aumento a medida que entidades como COAG o Amigos de la Tierra desgranaban los pormenores de una megaconstrucción que consumiría más de seis millones de litros de agua diarios -más que toda la ciudad de Soria- o produciría más de 400.000 toneladas de excrementos al año, prácticamente el doble de residuos orgánicos que toda la población de Castilla y León. Con una producción próxima a los 200 millones de litros de leche anuales, la granja de Noviercas podría conllevar la desaparición de de decenas de explotaciones de la zona. Se espera que el proyecto técnico se presente en breve a la Junta de Castilla y León.

Castilla-la Mancha

13.000 cerdos a la vista. La Junta de Castilla-La Mancha ha recibido en lo que va de año una veintena de proyectos destinados a solicitar las autorizaciones administrativas necesarias para la instalación de explotaciones de porcino, alguna de ellas de gran tamaño en las provincias de Cuenca, Guadalajara o Toledo. La respuesta de los vecinos de núcleos como Gamonal, Torrejoncillo del Rey, Fuentes, Cañete o Priego no se han hecho esperar. De hecho, en este último municipio se planea la ampliación de una granja ya existente y la construcción de una nueva que, en conjunto, albergarían más de 13.000 cerdos en una población que apenas supera los 900 habitantes. Lo que más preocupa a los vecinos es la contaminación por nitratos de las aguas, los malos olores de los más de 29 millones de litros de purines que se producirían anualmente o la pérdida de empleo asociado al turismo rural. A estos proyectos se han presentado más de 200 alegaciones que debe resolver la Consejería de Medio Ambiente antes de la emisión del informe sobre su impacto ambiental.

Gerona

84.000 pollos ya con licencia. Aunque la oposición vecinal logra retrasar o paralizar algunos proyectos, otros acaban logrando las licencias necesarias. Es el caso de una granja con capacidad para la cría de 84.000 pollos que, pese a encontrase con una dura oposición vecinal, acabará construyéndose en Santa Cristina de Aro. Ni los posibles impactos paisajísticos ni la producción de 835 toneladas de excrementos susceptibles de filtrarse a acuífero del que beben miles de habitantes de la zona, fueron motivos para tumbarlo.

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