No hace ni cinco años que saltó el caso Bankia y la historia parece que se vuelve a repetir. Esta vez con el Popular como protagonista.
En el 2016, el banco cerraba su ampliación de capital superando las expectativas iniciales y logrando 3.401,3 millones (900 más de lo previsto). Tal éxito parecía apuntalar la solvencia de una entidad financiera que estaba en entredicho. No fue así.
Después de que las autoridades europeas hayan declarado inviable al banco, la pregunta que se hacen los accionistas es qué pueden hacer ahora. Las vías son varias. Centrándonos en la civil (sin perjuicio de las acciones penales que se puedan iniciar contra el Popular y sus gestores), como en el caso Bankia, podrán solicitar indemnización por los daños y perjuicios ocasionados (la pérdida de su dinero). Para ello será necesario demostrar que la información que se recogía en el folleto de la ampliación no era real y que resultaba imposible advertir la situación real de la entidad. Otra posible acción es la de anulabilidad por error o vicio en el consentimiento que se da cuando el banco ofrece la adquisición de unos títulos por medio de falsedades, omisiones de información relevante o manifestaciones engañosas.
Sea como fuere, lo cierto es que la declaración de entidad inviable ha provocado un aluvión de consultas de los accionistas acerca de cómo proceder para tratar de recuperar el dinero que les ha sido «expropiado» sin indemnización alguna.