El Consejo Europeo propone que los servicios de empleo firmen con los inscritos un contrato de integración
16 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El paro de larga duración es, junto al desempleo juvenil, uno de los grandes desafíos para la recuperación en España y un riesgo para la cohesión social, como concluía un informe divulgado ayer mismo por el centro de estudios económicos Fedea. En él se subraya que este desempleo que se enquista en el tiempo (más de un año) «es mucho más generalizado y arraigado en España» que en el resto de los países desarrollados agrupados en la OCDE. Y que por esta situación, y las dificultades que encuentra este colectivo para acceder a las oportunidades de empleo que sí empiezan a asomar para los que llevan menos tiempos en el antiguo Inem, se está creando un «considerable riesgo de exclusión social y económica».
Claro que este no es un problema exclusivo de España. Aunque en casi ningún otro país de forma tan grave -solo Grecia nos empeora-, la lacra del desempleo de larga duración castiga ya a más de 10,5 millones de europeos, casi la mitad de los parados totales en los veintiocho estados que componen la UE. La situación ha puesto en alerta a las autoridades comunitarias, que advierten de que la situación se ha convertido en una de las principales causas de pobreza en nuestro entorno. Y las posibilidades para escapar de ella están directamente ligadas a las que tengan los afectados para encontrar un empleo.
Las propuestas
Por eso, al igual que antes hicieron con los parados menores de 30 años a través de la llamada garantía juvenil, las autoridades comunitarias han lanzado un plan, algo más vago en este caso, para intentar dar un empujón de vuelta al mercado laboral a los parados de larga duración. Como en el caso de los jóvenes, uno de los grandes objetivos es que todos los afectados estén inscritos en los servicios de empleo -muchos, agotadas las prestaciones, se dan de baja- y, a partir de ahí, se propone facilitar una atención individualizada que atienda a las necesidades de cada parado, que este tenga acceso en una misma oficina a todos los recursos asistenciales que pueda necesitar y, sobre todo, un plan concreto para volver a trabajar.
En ese sentido, la gran propuesta que lanza el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión, pasa por establecer un acuerdo para la integración laboral, un contrato entre el servicio de empleo y el parado que le garantice a este último que, antes de que cumpla 18 meses en desempleo, se le ofrecerá un plan de recolocación. Para ello, se contará con financiación del Fondo Social Europeo que podrán complementar los Estados miembros.
Prórroga de los 400 euros
Mientras la propuesta toma forma, el BOE recogía ayer la décima prórroga, hasta agosto, del plan Prepara, que garantiza 400 euros (450 euros si tienen cargas familiares) a los parados que sigan programas de recualificación. El programa se renueva automáticamente siempre que la tasa de desempleo supere el 20 % -la última EPA arrojó un 20,9 %-.