La Fiscalía acusa de apropiación indebida a la cúpula de Caixanova por un crédito irregular

Los exdirectivos defienden que velaron por la entidad y que la operación fue «correctísima»

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Madrid / La Voz

Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Domingo González Mera, los que fueran máximos responsables de la extinta Caixanova, junto con Miguel Argones y Delfín Ferreiro, ambos vocales de la comisión delegada de la entidad, declararon ayer en calidad de investigados en la Audiencia Nacional, que instruye una de las siete operaciones de financiación de las antiguas cajas gallegas vinculadas al sector inmobiliario que el FROB denunció hace un año a la Fiscalía Anticorrupción por sospechas de irregularidades.

La jueza Carmen Lamela, titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia, admitió a trámite la denuncia de Anticorrupción por los delitos de administración desleal o apropiación indebida contra un total de 17 personas, entre la ex cúpula de Caixanova y los responsables de otras sociedades, cuyas declaraciones proseguirán hoy. Todos ellos están investigados por la concesión en el 2007 de un crédito inmobiliario de 67 millones de euros para adquirir terrenos en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, que acabó en el 2010 con la dación en pago de las citadas fincas, «al entrar en crisis los prestatarios», según explicaron ayer fuentes jurídicas.

Posible perjuicio de 14 millones

La denuncia de la Fiscalía se basa en que la referida operación podría haber provocado un perjuicio patrimonial a la financiera inmobiliaria Proinova y a la propia Caixanova, hoy Abanca, algo que rechazaron todos los comparecientes ante la jueza. Según fuentes conocedoras del caso, el quebranto a la entidad rondó los 14 ó 15 millones.

De hecho, según detallaron fuentes jurídicas, los acusados defendieron no solo la legalidad de la operación, sino que esta había sido «correctísima» y que estuvo «controlada por toda la estructura de la caja», lo que supuso que la supervisaron «más de treinta personas», entre auditoría, contabilidad y control de riesgos, amén del conocimiento del Banco de España. Durante su declaración, los investigados explicaron a la jueza que Caixanova se subrogó al préstamo que ya había valorado y concedido La Caixa para la compra de los citados terrenos en Rivas.

Los problemas surgieron con el final de la bonanza económica y el estallido de la burbuja del ladrillo. Fue entonces cuando se produjo el impago del préstamo. En ese momento, Caixanova evaluó dos opciones: ejecutarlo o adjudicárselo.

La mejor opción para la caja

Según otras fuentes consultadas, los comparecientes explicaron ayer que tras hacer un estudio de riesgos, decidieron que lo mejor para la entidad era adjudicárselo, es decir, la dación en pago, ya que la otra fórmula habría abocado a la suspensión de pagos a todas las compañías involucradas en la operación.

El punto oscuro para Anticorrupción está en el hecho de que, una vez que se adjudica las fincas, Caixanova segrega una parte del terreno. Sobre el montante total del crédito, dicha parte, según la Fiscalía, tendría un valor de 26 millones, mientras que la entidad la vendió por 14.

Esa diferencia de valor es la que despierta las sospechas del Ministerio Público, aunque los interrogados -entre ellos el subdirector general de Caixanova, Domingo González Mera- lo explicaron argumentando que la parcela vendida estaba destinada a viviendas de protección oficial (VPO) y por lo tanto tenía un precio tasado, de forma que su valor máximo eran los referidos 14 millones.

Un hermano de Gorriarán, uno de los investigados, entre los citados a declarar hoy

A la ronda de declaraciones que arrancó ayer por la cúpula de Caixanova -el expresidente, Julio Fernández Gayoso; el ex director general, José Luis Pego; el ex consejero delegado de Proinova Gregorio Gorriarán; y el ex subdirector general Domingo González Mera- y con Miguel Argones y Delfín Ferreiro, vocales de la comisión delegada de la entidad a 11 de noviembre del 2010, le seguirá hoy el interrogatorio de otras once personas.

A partir de las 10 de la mañana están citados Marta Gutiérrez Mediero, Juan Ramón Iglesias Álvarez, José María Sanmartín Otero y José Taboada López, todos vocales de esa comisión.

Igualmente comparecerá Antonio Gorriarán Laza, consejero delegado de Proseinga Gestión y administrador único de las empresas Gorrigeve y Begorrier, vinculadas a la construcción. Curiosamente, es hermano del ex director de la caja y consejero delegado de la promotora Proinova, Gregorio Gorriarán.

Por la sala de vistas también pasarán José Luis Suárez Gutiérrez, presidente de la constructora gallega Copasa, que figura en esa causa como socio y administrador de Suarte Inversiones y Legio Auriense, integradas en Proseinga Gestión. También están citados Alfredo Blanco López, director financiero de la propia Copasa; Miguel Pérez de Juan Burgos, administrador de Inversiones Rivapron; y Florencio Antonio Palomino Moreno Manzanero, presidente de Imasatec. Al listado de investigados se sumaban otros dos, pero uno de ellos ha fallecido y el otro, Alfonso Zulueta de Aza, tiene problemas de salud, por lo que de momento no declarará.

Cabe recordar que Gayoso, Pego y Gorriarán -junto con otras dos personas- fueron condenados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en octubre a dos años de cárcel y a la devolución de casi 14 millones por el cobro indebido de indemnizaciones millonarias a su salida de la caja fusionada. Aunque recurrirán la sentencia, de prosperar este nuevo caso y sumar otra condena, su situación podría complicarse.

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