El gobierno del PP adolece de irresponsabilidad fiscal. Lo hizo en el primer presupuesto de la legislatura, el del 2012, que no aprobó hasta bien entrado el ejercicio por una razón puramente electoral: ocultar los duros recortes que aplicó ya pasadas las elecciones andaluzas de aquel año. Ahora, otra vez el ventajismo electoral le lleva a forzar los plazos legales para aprobar las cuentas públicas del 2016 sabiendo que es posible -e incluso probable o deseable según a quien se pregunte- que no tenga la mayoría suficiente para aplicarlas.
Más que un presupuesto, es un programa electoral, porque el discurso de la recuperación de la economía va a ser el centro de la campaña del PP y los Presupuestos para el 2016 debería ser el argumento central. Sin embargo lo que se va conociendo de los mismos, lejos de aportar novedades positivas para la agente, sigue por la senda de los recortes, en especial para los colectivos que dependen de forma directa de las cuentas públicas.
Van a sufrir un nuevo recorte los más de nueve millones de pensionistas que verán incrementadas sus pensiones el 0,25 % cuando la inflación cerrará el año que viene en el entorno del 1,5 %. Los apenas dos euros mensuales que cobraran de más al mes los pensionistas no les van a compensar la subida de los precios, dando continuidad a un proceso de reducción del poder adquisitivo de este colectivo tan numeroso.
Sufrirán todavía más los que más están pagando la crisis: los cinco millones de desempleados, porque el Gobierno va a seguir recortando en otros 5.000 millones de euros los recursos destinados tanto a la protección por desempleo como a las políticas activas. Porque no es cierto lo que dice el Ejecutivo de que se gasta menos porque hay menos parados: solo una tercera parte es por la reducción del desempleo, los otros dos tercios son por que cada vez hay menos parados cobrando prestaciones y porque la cuantía de la misma se ha reducido de forma significativa desde el 2012. Aunque hay el mismo numero de desempleados que cuando Rajoy llegó a la presidencia, desde entonces el gasto se ha reducido en 12.000 millones.
Tampoco les va a ir bien a los 2,5 millones de empleados públicos porque, aún aceptando que es mejor que nada, el 1 % en el que se incrementará su salario va a estar por debajo del IPC. Por lo tanto, el 2016 será el séptimo año consecutivo en el que van a perder poder adquisitivo, aumentando así el deterioro de su salario real, de su poder adquisitivo, que en algún momento tienen que empezar a recuperar.
El PP va a piñón fijo. Da igual que la economía esté en recesión o en fase expansiva, siempre aplica la misma política: recortar servicios y prestaciones para reducir el gasto público. La austeridad no fue solo la respuesta a un problema con las cuentas públicas, es un eje central de su estrategia, tal y como la formula en el Programa de Estabilidad hasta el 2018 recién presentado en Bruselas. Por eso, aunque la macroeconomía va bien, a la gente le va mal.