El juicio por las indemnizaciones millonarias en Novacaixagalicia queda visto para sentencia

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID

ECONOMÍA

Gayoso, a su llegada a la Audiencia para escuchar los alegatos de las defensas.
Gayoso, a su llegada a la Audiencia para escuchar los alegatos de las defensas. BENITO ORDOÑEZ

Las defensas de los exdirectivos imputados pidieron su absolución alegando que no habían cometido delito alguno

08 jul 2015 . Actualizado a las 22:39 h.

«La Fiscalía no puede convertirse en instrumento de recaudación de cantidades que se consideren alarmantes o feas, porque entonces perseguiría un problema estético y no asuntos de relevancia penal». Esta frase, pronunciada por la defensa del ex director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego, resume lo que los abogados de los ex directivos imputados por el cobro de indemnizaciones millonarias (casi 19 millones de euros) en la entidad han defendido hoy ante el juez de la Audiencia Nacional que juzga los hechos. El caso ha quedado visto para sentencia después de un juicio que se prolongó durante catorce sesiones en las que se interrogó a casi medio centenar de personas.

Después de que ayer la Fiscalía Anticorrupción diera un giro inesperado y pidiera la absolución para uno de los imputados, Javier García de Paredes, e interesara condenas de tres años de cárcel para el resto de acusados -José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán, Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas-, hoy las defensas de todos ellos coincidieron en señalar que no había caso penal alguno y que el papel del Ministerio Público estaba siendo continuación del desarrollado en su día, entre otros, por el Banco de España, que no actuó en el asunto de las liquidaciones de los ex directivos, insistieron- hasta que no trascendieron los importes en los medios y se desató la «alarma social», prueba esta inequívoca de su legalidad.

Los abogados rechazaron de plano la comisión de los delitos de estafa y alternativamente apropiación indebida y administración desleal que las acusaciones (Fiscalía y NCG Banco y Adicae, respectivamente acusación particular y popular) defendieron la víspera para Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, asegurando que sus contratos eran conocidos por los órganos de gobierno de la caja fusionada y por el Banco de España, que no fueron modificados para garantizarles mejores retribuciones cuando abandonasen la entidad y que las liquidaciones fueron legales y no pusieron en riesgo la solvencia.

Respecto al papel del que fuera ex copresidente, Julio Fernández Gayoso, y al abogado Ricardo Pradas, que actuó como asesor laboral externo respecto a los polémicos contratos, las defensas también rechazaron su imputación como colaboradores necesarios, ya que entienden que no hubo ningún delito.

La tesis defendida por la Fiscalía ha sido calificada hoy de «alambicada», «barroca», «extravangante» o «zigzagueante» por las defensas, que entienden, además, que el hecho de que planteen una calificación alternativa prueba que el Ministerio Público «no lo tiene claro».

El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, dejó el juicio visto para sentencia no sin antes reprender a las fiscalas por hacer comentarios durante las intervenciones de las defensas, tras permanecer «impasibles» la víspera.