El número 2 de NCG ofreció a los exdirectivos devolver casi la mitad «para calmar a la calle»

González-Bueno dijo al juez que las liquidaciones eran legales y que fue el FROB quien vetó la devolución de García de Paredes


Madrid / La Voz

Las millonarias indemnizaciones a exdirectivos de Novacaixagalicia eran legales, y fue la presión social -después de que los medios de comunicación se hicieran eco de los elevados importes- la que precipitó la búsqueda de un acuerdo con los beneficiados para que devolvieran parte del dinero. Así lo defendió ayer el que fuera consejero delegado de NCG Banco, César González-Bueno, ante el juez Alfonso Guevara, que juzga este caso en la Audiencia Nacional.

El número dos de José María Castellano ratificó lo expuesto la víspera por este, al asegurar que fue «el revuelo social» el que hizo que el presidente del banco le pidiera que «negociara» con Javier García de Paredes y José Luis Pego -dos de los cuatro que percibieron esos pagos- para que reintegraran «en torno a la mitad de lo percibido». En concreto, el 40 %. El objetivo era que todos los directivos -también Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán- aceptaran el reembolso porque «aunque las indemnizaciones eran legales, se consideraba que era bueno para el banco y para la sociedad».

Era octubre del 2011. «Fue un fin de semana muy intenso de negociaciones telefónicas. Tratábamos de restablecer la calma en la calle», explicó González-Bueno. Recordó la «muy buena disposición» que encontró en García de Paredes, que desde el primer momento estuvo dispuesto a renunciar a parte del pago al que legalmente tenía derecho. El ex consejero delegado del banco también relató que Pego accedió en un primer momento, pero «a última hora del domingo dijo que no, que estaba en contacto con el Banco de España, y que le aconsejaban retrasar ese acuerdo de devolución».

González-Bueno intentó convencerle -«que no te líen», dice que le dijo-, pero sin éxito. «No, tengo que esperar al Banco de España», aseguró entonces que le explicó Pego.

Previamente a la declaración del ex ejecutivo, el que era jefe de inspección de las cajas, Pedro González, dio su versión sobre la conversación que había mantenido con el propio Pego el 7 de septiembre, en la que este aseguró que le había recomendado que cogiera el dinero y se marchara de la caja antes de que entrara el nuevo equipo gestor. González, que admitió la conversación, negó haberle aconsejado tal cosa: «Yo no soy consciente de haberle aconsejado al señor Pego hacer una rescisión anticipada de su contrato. Es imposible, ilógico y contraintuitivo porque en la reunión previa, con mis superiores, le acabábamos de decir lo contrario. Probablemente le diera palabras de ánimo, que la vida sigue..., pero no puedo controlar lo que una persona entiende».

«¿Y por qué la mitad?»

Al número dos del banco la Fiscalía le interrogó por qué se había decidido que el reembolso fuera de casi la mitad de lo percibido, a lo que el ex ejecutivo respondió apelando de nuevo a la crispación social. «Nos parecía una cifra muy sonora. ¿No se lo parece a usted que es muy sonora la mitad?», le espetó a la fiscala.

González-Bueno relató ante el juez que todas las cláusulas del acuerdo de devolución estaban ya redactadas porque Castellano quería llevarlo al consejo y que el compromiso de García de Paredes se mantuvo «firme» en todo momento. Pero que fue el FROB, que poseía el 93 % del banco, el que tumbó el reembolso. «Informamos en el consejo, pero el FROB dice que no, que esperemos, que no se puede firmar», destacó.

El Banco de España conocía los contratos

El juez escuchó ayer por boca de dos altos cargos del Banco de España que conocían los contratos blindados de los ex directivos, que no los analizaron hasta que estalló el escándalo social, y que se limitaron a remitirlos a sus servicios jurídicos. Fue Pedro González, jefe de inspección de las cajas, el que explicó que la Xunta quería «a toda costa» una fusión, cuando los planes del Banco de España eran distintos y, a partir de ahí pusieron unas duras condiciones. «Para que saliera adelante el proyecto -explicó como una imposición del Banco de España-, Caixa Galicia debía de acometer cambios y reformas y Caixanova tenía otro proyecto que a mi me parecía más sólido y mejor». Pero Pedro González resumió: «Y por circunstancias sociológicas se consiguió esa fusión». A partir de ahí, el Banco de España condicionó que el equipo directivo que liderara la nueva entidad fuese el de Caixanova, y la obligatoriedad de reducir la plantilla un 27 % y 500 oficinas, que «quería La Caixa». «Era muy duro y complicado. Había muchas incertidumbres y los gestores las asumieron». Reconoció que sabía que había inversores interesados en la entidad, que tenía la impresión de que la Xunta pretendía no mantener a José Luis Pego como gestor y que los borradores de las cartas de desestimiento entendieron que servía «como un apoyo para apuntalar la gestión de los ex directivos ante la Xunta».

El inspector Miguel Seguí se presentó advirtiendo que él se había incorporado al puesto en el 2012, cuando los hechos que se juzgan eran anteriores. Fue duro el careo que Seguí tuvo con el abogado de los exdirectivos de Caixanova, quien puso en evidencia que no había leído los contratos de unos directivos para los que se piden penas de tres años de cárcel.

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